La política migratoria del Gobierno, blanda con delincuentes extranjeros y dura con los españoles que alzan la voz, vuelve a mostrar su rostro más indignante. Tres casos recientes revelan el fracaso absoluto en el control de fronteras y la priorización de derechos de irregulares sobre la seguridad ciudadana.
Un violador marroquí con residencia permanente: la justicia prioriza al agresor
Un inmigrante marroquí, condenado en 2014 por la Audiencia Provincial de Lérida a siete años y medio de prisión por una violación especialmente violenta, más pena adicional por obstrucción a la justicia tras amenazar a la víctima, ha conseguido consolidar su residencia de larga duración en España. Tras cumplir condena en 2019, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja anuló en 2024 el expediente de expulsión iniciado por la Delegación del Gobierno, argumentando que no representa una «amenaza real, actual y suficientemente grave» para el orden público.
«No concurren las circunstancias necesarias para justificar su expulsión del país, pese a la gravedad de los hechos por los que fue condenado», señala la sentencia, que destaca su arraigo (más de 19 años en España, vida laboral y familia con hija española).
Este fallo judicial, respaldado por jurisprudencia europea, demuestra cómo los antecedentes por delitos graves no bastan para expulsar a irregulares con arraigo. Mientras, miles de españoles sufren la inseguridad derivada de políticas que premian la permanencia de delincuentes sobre la protección de víctimas.
Red de narcos marroquíes armados desmantelada en Almería
En un operativo masivo de la Policía Nacional, con más de 150 agentes y 23 registros domiciliarios en barrios como El Puche, Los Molinos y Los Almendros, se detuvo a 11 marroquíes vinculados a una organización criminal dedicada al cultivo intensivo de marihuana indoor, tráfico de drogas a gran escala y tráfico de armas de fuego.
Se incautaron más de 10.000 plantas de marihuana, sistemas sofisticados de cultivo, 180 enganches ilegales a la red eléctrica y varias armas cortas y largas con munición. Fuentes policiales destacan la peligrosidad del armamento, destinado probablemente a protección de cargamentos y cobro de deudas. La alta concentración de población magrebí en estos barrios facilita el anonimato y la complicidad pasiva, dificultando denuncias.
Este golpe policial evidencia cómo la inmigración irregular alimenta redes mafiosas que no solo trafican drogas, sino que introducen armas en barrios españoles, incrementando la violencia y el control territorial por parte de estructuras extranjeras.
Ataques a manifestantes de Vox en Tarragona por denunciar la islamización
Vox convocó en Tarragona una manifestación contra la inmigración masiva y la islamización, bajo lemas como «Cataluña no Argelia ni Marruecos». El acto, que denunciaba el avance del islamismo (con más de 660.000 musulmanes y 371 mezquitas en Cataluña), sufrió cargas y agresiones por parte de un grupo de magrebíes contra los participantes.
Ignacio Garriga responsabilizó al alcalde socialista de Tarragona por cualquier incidente, al dificultar espacios públicos.
Mientras Vox defiende la identidad española y catalana, la izquierda y separatistas facilitan el avance islamista, censurando protestas pacíficas y permitiendo que disidentes violentos actúen con impunidad.
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