La Eurocámara ha disparado a bocajarro contra Fernando Grande-Marlaska, imputándole una obstrucción calculada en la investigación del asesinato de dos guardias civiles en Barbate. ¿Error inocente o escudo deliberado? El informe del Parlamento Europeo es tajante: el desplazamiento de la zódiac donde perecieron los agentes no fue un lapsus, sino un acto para «borrar huellas» y sepultar la verdad. Pero profundicemos: ¿acaso Marlaska resguarda redes oscuras, posiblemente ancladas al narcotráfico marroquí, mientras condecora a mandos del reino alauí con honores españoles? Esta revelación no solo destapa fallos, sino que aviva un debate crucial sobre si el Ejecutivo socialista antepone pactos internacionales a la protección de sus fuerzas del orden.
El núcleo del conflicto se remonta al fatídico suceso de febrero de 2024, cuando una narcolancha arrolló la frágil zódiac de la Guardia Civil en el puerto de Barbate, cobrándose la vida de dos agentes en un desigual pulso contra el narcotráfico. La misión europea, despachada en mayo de 2025 para dilucidar los hechos, chocó contra un obstáculo: el Ministerio había reubicado la embarcación pivotal antes de su arribo, erigiendo una «grave barrera a la transparencia y la pesquisa», según el documento aprobado con el aval de bloques conservadores como el PP y Vox. Esta imputación no es un eco solitario. Marlaska es apuntado por «esconder evidencias» sobre el fallecimiento de los guardias, clamando por su «cese inmediato». «No lo decimos nosotros, lo dice Europa», proclama la Confederación Española de Policía, artífice de la solicitud que impulsó la misión.
Pero la tormenta no se ciñe a la obstrucción. La Eurocámara reprueba la disolución de la unidad OCON-Sur, un baluarte especializado contra el narco que Marlaska desmanteló, abandonando a los agentes en desventaja ante las veloces narcolanchas. El informe exige su restablecimiento urgente, junto con la designación del Campo de Gibraltar como «Zona Especial de Seguridad» por el «alto riesgo» del crimen organizado. Europa valida un «informe devastador» que urge reconocer a los agentes como profesión de riesgo, mientras imputa a Marlaska ocultar la zódiac vinculada a los homicidios. «Condena la decisión del Gobierno socialista español de retirar pruebas clave antes de la visita de la delegación», reza el texto, aludiendo directamente a la patrullera.
Ahora, adentrémonos en el meollo del debate: ¿por qué este esquema de bloqueo? ¿Protege Marlaska el tráfico de drogas proveniente de Marruecos? coincidencia o no, el mismo día que revienta el informe, Marlaska otorga la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a Abdellatif Hammouchi, director de Seguridad de Marruecos. El Ministerio lo enmarca como tributo a la «colaboración en seguridad y lucha antiterrorista», pero críticos lo tildan de afrenta: «Este indecente se dedica a dar medallas a un régimen que nos está invadiendo de delincuentes, violadores y asesinos».
Este capítulo desvela un Gobierno que privilegia alianzas geopolíticas cuestionables sobre la solidez nacional. Mientras los narcos, muchos arraigados en Marruecos, actúan con descaro en el Estrecho, Marlaska eleva a responsables de operaciones fallidas contra el deseo de las familias de las víctimas, como censura el informe europeo. «Toma nota de que el Gobierno español, en contra de la voluntad de las familias de las víctimas, ascendió en agosto de 2025 a los responsables de la operación». Esto no es simple torpeza; es un patrón que nutre sospechas de colusión.
¿Defiende el progresismo gubernamental una «cooperación internacional» que, en esencia, erosiona fronteras y expone a nuestros agentes? El informe insta a tratar agresiones contra fuerzas de seguridad como «eurodelitos» con sanciones agravadas, incluso fuera de servicio. No obstante, la falta de réplicas oficiales de Marlaska sugiere un mutismo cómplice.
En resumen, el informe europeo no solo imputa a Marlaska por obstruir la verdad en Barbate, sino que expone un entramado fallido donde los narcos florecen mientras los héroes sucumben. Exigencias como reconocer la profesión de riesgo y reimplantar unidades especializadas son imperiosas, pero el trasfondo marroquí infunde un tinte de escándalo geopolítico que implora por dimisión.
