El Gobierno de izquierdas sigue empeñado en negar la realidad con su narrativa de “violencia machista” mientras los datos oficiales revelan un fracaso estrepitoso. En 2025, casi el 40% de las víctimas de violencia de género fueron mujeres inmigrantes, pese a representar solo alrededor del 14% de la población femenina. Esta sobrerrepresentación se explica porque los extranjeros cometen el 53% de los asesinatos a mujeres. Los agresores provienen de países como Marruecos, Rumanía o Ecuador. Según análisis de datos oficiales las mujeres extranjeras asesinadas (un 38%) habían denunciado previamente a sus agresores, mientras que las españolas sólo serían un 15%.
Esta realidad obliga a comprobar exhaustivamente los antecedentes penales de cualquier inmigrante que entre en España o solicite trámites administrativos, algo que el Ejecutivo actual se niega a hacer por su ideología abierta de fronteras. ¿Violencia machista? No. Violencia inmigrante | Última Hora y Noticias de España | Nuestra España
Baleares lidera el desastre nacional con la tasa más alta de denuncias
En las Islas Baleares se registraron 7.933 denuncias a lo largo de 2025, lo que supone una media de 22 denuncias diarias. La tasa de víctimas alcanzó los 27,6 por cada 10.000 mujeres en el segundo trimestre, la más elevada de toda España, superando ampliamente la media nacional.
“Baleares registra la tasa más alta de víctimas de violencia machista”, confirman los datos del Consejo General del Poder Judicial. Esta situación no es casual: la combinación de turismo masivo, inmigración descontrolada y una aplicación laxa de las leyes ha convertido al archipiélago en el epicentro de un problema que los gobiernos autonómicos y central, afines al PSOE y sus socios, se niegan a afrontar con medidas efectivas de deportación y control fronterizo.
El Gobierno admite que no verifica antecedentes de maltratadores que cambian de sexo
En un nuevo escándalo de la Ley Trans impulsada por Irene Montero, el Ejecutivo ha reconocido por escrito que no comprueba los antecedentes penales de quienes solicitan el cambio de sexo registral. Esto abre la puerta a que agresores condenados por violencia machista se registren como mujeres y accedan a recursos destinados a víctimas o eludan procedimientos específicos en juzgados de violencia sobre la mujer.
Esta laguna, heredada de la agenda ideológica LGTB, supone un riesgo adicional para las mujeres y demuestra cómo las prioridades woke priman sobre la protección real de las víctimas.
