Una inmigrante subsahariana de 36 años logró colarse en un centro de menores de Arrecife, Lanzarote, haciéndose pasar por MENA. Su objetivo: ganar la confianza de las adolescentes tuteladas para sacarlas del sistema de protección e integrarlas en una red internacional de trata de personas con destino principal en Francia.
Según la Operación Timanfaya de la Policía Nacional, esta mujer facilitó la salida de al menos 13 jóvenes del centro. En un mensaje interceptado en su teléfono móvil, presumía: «Ya he vaciado el centro de niñas». Las menores eran persuadidas para abandonar el recurso, trasladadas a viviendas seguras, dotadas de documentación falsificada y enviadas hacia Europa continental vía Madrid y estaciones de transporte hacia Francia. Varias de ellas continúan en paradero desconocido, con hipótesis que incluyen explotación laboral, matrimonios forzados o prostitución.
La infiltrada fue detenida en el aeropuerto de Lanzarote cuando intentaba huir con las últimas tres víctimas. La red operaba con ramificaciones en Marruecos (para el traslado inicial a Canarias) y Costa de Marfil (para falsificación de documentos). La directora general de Infancia del Gobierno de Canarias justificó las fugas alegando que «se trata de recursos abiertos concebidos como hogares, no como centros de internamiento».
Este caso demuestra cómo el modelo de centros abiertos y la saturación del sistema —Canarias acogió cerca de 6.000 menores en dispositivos diseñados para 1.500— facilitan la acción de mafias que explotan la buena fe y la falta de control. Lejos de proteger, el sistema se convierte en trampolín para la trata.
Álava: más de 5,5 millones para tutelar a 215 MENAS, casi todos varones magrebíes
En el otro extremo, la Diputación Foral de Álava (gobernada por PNV y PSOE) ha reconocido ante preguntas de VOX que en el año pasado destinó más de 5,56 millones de euros a tutelar a 215 MENAS a través del programa Bideberria y un convenio con la Fundación Obarburu. De ellos, 210 eran varones, y más del 84% procedían del Magreb (102 argelinos y 75 marroquíes).
El procurador de VOX en las Juntas Generales de Álava, Jonathan Romero, ha calificado los datos como prueba del «fracaso de las políticas migratorias que aplican las instituciones». Ha denunciado que «resulta inaceptable que los alaveses paguen millones de euros a un modelo que genera conflictos, inseguridad y malestar en los barrios», recordando que en los últimos tres años la Ertzaintza ha intervenido 900 veces por incidentes relacionados con estos centros. Para VOX, «la inmensa mayoría de varones desmonta la idea de una inmigración equilibrada» y muchos padres impulsan el viaje sabiendo que las administraciones asumirán la carga.
El sistema MENAS, un agujero negro de recursos y seguridad
El caso de Lanzarote y los datos de Álava no son excepciones aisladas, sino la consecuencia lógica de unas políticas migratorias que anteponen la acogida incondicional al control efectivo y al interés nacional.
Una adulta de 36 años se infiltra sin dificultad en un centro de menores para traficar con adolescentes españolas y extranjeras hacia redes de prostitución internacional, mientras las arcas públicas de Álava destinan más de 5,5 millones de euros a tutelar a cientos de varones magrebíes adultos en edad militar, con cientos de intervenciones policiales anuales como resultado directo.
Este modelo no protege a los menores vulnerables; los expone. No integra; genera guetos y conflictos. No ahorra; despilfarra millones que deberían destinarse a familias españolas en riesgo de exclusión, a la educación de nuestros jóvenes o a la sanidad que se desmorona.
Es urgente desmantelar el actual entramado de centros abiertos sin filtros reales, imponer controles biométricos estrictos en la entrada, acelerar las devoluciones a países de origen cuando se demuestre la mayoría de edad y penalizar con dureza a quienes abusan del sistema de protección para delinquir.
Mientras el PSOE, el PNV y el resto de la izquierda sigan defendiendo la puerta giratoria de la inmigración ilegal como un “derecho humano” absoluto, España seguirá pagando la factura en seguridad, en dinero y, lo más grave, en víctimas inocentes.
La solución no pasa por más fondos ni por más discursos buenistas. Pasa por recuperar la soberanía fronteriza, priorizar a los españoles y acabar con el negocio que se ha montado a costa de todos.
Es hora de cerrar el grifo. Por seguridad. Por justicia. Por España.
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