En un claro intento de moldear el relato público tras su condena por revelación de secretos, García Ortiz ha elegido la plataforma afín de La Sexta para presentarse como víctima de un sistema que, según él, lo ha “maltratado”. Esta aparición, cinco meses después del fallo del Tribunal Supremo, busca preparar el terreno para un posible indulto del Gobierno de Pedro Sánchez y cuestionar la independencia de la Sala Segunda.
Una estrategia mediática para recuperar el “relato” perdido
El exfiscal general, condenado a dos años de inhabilitación y al pago de 17.000 euros, niega cualquier filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso y asegura que “estaba seguro de que saldría absuelto. Me sentí maltratado”. En la entrevista, tanto él como Évole apuntan directamente a los magistrados del Supremo como responsables de un supuesto acoso político, utilizando el término “lawfare” para deslegitimar la sentencia.
Esta maniobra no es inocente: forma parte de la narrativa habitual del sanchismo para atacar a los jueces que no se pliegan a sus intereses. García Ortiz borra su móvil el día de su imputación y ahora justifica esa decisión mientras acusa a otros de polarización. El Supremo, en cambio, vio indicios suficientes para condenarlo en un caso sin precedentes en democracia.
“¿Quién sale ganando con este caso y esta sentencia?”, pregunta retóricamente el exfiscal, dejando en el aire la idea de una persecución orquestada. Mientras tanto, la institución que dirigió queda aún más dañada por la politización que él mismo impulsó durante su mandato.
El lawfare como arma del Gobierno contra la Justicia independiente
La entrevista evidencia la alianza entre ciertos medios progresistas y el aparato del PSOE para erosionar la credibilidad del Poder Judicial. Imputar “lawfare” a la Sala Segunda del Supremo es un ataque frontal a la separación de poderes que tanto defiende VOX. Este mismo Gobierno que ahora blinda a sus aliados ha utilizado la Fiscalía como herramienta política, tal como se ha visto en otros casos de corrupción.
La condena de García Ortiz no fue un capricho judicial, sino el resultado de actuaciones que vulneraron el secreto profesional y favorecieron filtraciones selectivas. Su victimismo ignora el daño causado a la imagen de la Fiscalía y a la confianza ciudadana en las instituciones.
Preparando el indulto: el cierre del círculo sanchista
Todo apunta a que esta aparición forma parte de una operación para justificar un indulto que blanquee al exfiscal y refuerce la impunidad en el entorno de Moncloa. Dolores Delgado, su mentora, y el propio Sánchez ya han avalado públicamente estas tesis.
Mientras la izquierda habla de “democracia amenazada”, lo que realmente amenaza al Estado de Derecho es esta instrumentalización constante de la Justicia. Casos como el de García Ortiz lo confirman con crudeza.
