El Gobierno de Pedro Sánchez sigue adelante con su controvertida regularización extraordinaria de inmigrantes irregulares. El Tribunal Supremo ha rechazado la suspensión urgente del real decreto, dando un plazo de diez días al Ejecutivo para presentar alegaciones. Esta decisión mantiene en vigor la norma y genera fuerte preocupación en países vecinos como Francia, donde se califica como “una catástrofe para toda Europa”.
La medida no solo ignora las críticas internas y externas, sino que prioriza el acceso a servicios públicos para los beneficiarios y se presenta de forma edulcorada en las webs oficiales.
El Supremo frena la paralización inmediata y da oxígeno al decreto de Sánchez
El Tribunal Supremo, a través de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha desestimado la solicitud de suspensión cautelarísima presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. La ponente, magistrada Consuelo Uris, consideró que no existen “situaciones irreversibles” que justifiquen una intervención urgente sin oír antes al Gobierno.
El alto tribunal ha concedido diez días al Ejecutivo para que presente sus alegaciones, tramitando así el recurso por la vía ordinaria. Esta resolución permite que el real decreto aprobado en Consejo de Ministros continúe su aplicación, facilitando permisos de residencia y trabajo a miles de inmigrantes en situación irregular que acrediten al menos cinco meses de estancia continua en España antes del 1 de enero de 2026 y carezcan de antecedentes penales recientes.
“No concurren las circunstancias de especial urgencia”, señala el auto, lo que supone un revés para quienes exigen frenar de inmediato esta operación masiva. Mientras, el proceso burocrático avanza, aunque los antecedentes penales de países como Argelia o Nigeria generan retrasos por la compleja legalización diplomática.
Alarmas en Francia y Bruselas: “Es una catástrofe para toda Europa”
La iniciativa unilateral de Sánchez ha encendido todas las alertas en Europa. El diario francés Le Figaro destaca que la regularización contradice las políticas migratorias que se negocian en Bruselas y podría desincentivar el control de fronteras exteriores del espacio Schengen.
El eurodiputado François-Xavier Bellamy afirmó: “Esto es una catástrofe para toda Europa”, advirtiendo del riesgo que supone para todos los países miembros por la falta de controles rigurosos. Marine Le Pen señaló que Francia “ya se tambalea bajo el peso de una inmigración ininterrumpida”, mientras Fabrice Leggeri lo describió como “un imán para el futuro”. Éric Ciotti llegó a calificar la decisión como “una traición europea” y exigió a Macron restituir fronteras físicas con España.
Estas voces no son aisladas. La medida genera temores de efecto llamada y posibles restauraciones de controles internos en Schengen, tensionando la coordinación europea en materia migratoria. Los papeles de Sánchez no valen en Europa: los devolverán
La venta engañosa del Gobierno y el impacto en los servicios públicos
En su web oficial, el Ministerio de Inclusión ilustra el proceso con imágenes de personas blancas, rubias y de alta cualificación, un contraste evidente con la realidad de la mayoría de beneficiarios. Esta presentación edulcorada busca suavizar la polémica, pero ignora las consecuencias reales.
La regularización otorgará prioridad en guarderías públicas a los hijos de inmigrantes irregulares a través del criterio de renta, que favorece a quienes se encuentran en situación vulnerable frente a familias españolas trabajadoras. Como señaló Elena Ramallo: “Este diseño favorecerá a los recién regularizados en detrimento de otros ciudadanos”.
Además, los menores recibirán autorizaciones de hasta cinco años, mientras los adultos obtendrán permisos iniciales de un año. La burocracia, especialmente la obtención de certificados de antecedentes penales en países sin apostilla de La Haya, complica el proceso y genera “círculos viciosos” administrativos.
Burocracia bloqueada por antecedentes penales
Además, el requisito de carecer de antecedentes penales en España y en los países de residencia de los últimos cinco años se convierte en un obstáculo insalvable para muchos. Según informa EFE, especialmente migrantes de países africanos como Argelia o Nigeria enfrentan graves problemas burocráticos porque sus naciones no forman parte del Convenio de La Haya.
Los certificados deben legalizarse por vía diplomática a través de embajadas o consulados, pero las citas no llegan o las respuestas se demoran meses. El abogado Edwin Hurtado, de la fundación BarcelonActua, lo describe como un “círculo vicioso”: si el país de origen no responde en tres meses, la solicitud se da por desistida, aunque la ley permite al Gobierno pedir los antecedentes de oficio. Hurtado advierte que muchos casos terminarán en los tribunales para demostrar que no suponen “una amenaza para el orden o la seguridad pública”.
Ejemplos reales ilustran el caos: un argelino con máster y cinco idiomas lleva tres meses sin respuesta de la embajada española; un nigeriano matemático espera desde enero el certificado policial de su país. Estas trabas no solo frustran a los solicitantes, sino que dejan en evidencia la imprevisión del Ejecutivo: una regularización masiva lanzada sin mecanismos eficaces de control.
Esta política de Sánchez es un ataque frontal a la soberanía nacional y a la preferencia de los españoles. Prioriza a quienes entraron al margen de la ley, regala acceso a servicios públicos saturados y pone en riesgo la seguridad al fiarse de una burocracia internacional inoperante. Mientras Vox denuncia con firmeza la invasión institucionalizada y exige fronteras seguras, PP y PSOE muestran su habitual complicidad o tibieza ante la agenda globalista de la izquierda. Es urgente defender los intereses de los ciudadanos españoles frente a decretos que erosionan la cohesión social y abren la puerta a tensiones en barrios y centros educativos.
