En un debut que destila favoritismo partidista y desprecio por la transparencia, Teresa Peramato ha presidido su primer Consejo Fiscal, sumida en un vendaval de críticas por su decisión de ocultar el expediente que rehabilitó a Álvaro García Ortiz, fiscal condenado por revelación de secretos. Esta maniobra, orquestada por la fiscal general designada por el Gobierno socialista, no solo socava la credibilidad del Ministerio Público, sino que revela un patrón de protección a aliados políticos que destruye el Estado de Derecho. Lejos de la neutralidad que algunos pretenden vender, este caso es un claro ejemplo de cómo la izquierda instrumentaliza las instituciones para blindar a los suyos, ignorando precedentes y normas que exigen integridad.
El meollo del escándalo reside en la resolución secreta de Peramato del 23 de diciembre de 2025, donde libró a García Ortiz de la expulsión definitiva de la carrera fiscal, pese a su condena firme por el Tribunal Supremo como autor de un delito doloso: la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Esta opacidad deliberada viola el artículo 4.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que obliga a informar sobre asuntos de interés público. Como detalla El Mundo, «el alcance que la sentencia condenatoria debía tener para García Ortiz en su condición fiscal recayó sobre su sucesora en el cargo, la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quien ha decidido estrenar su mandato con total opacidad». ¿Por qué esconderlo? Porque expone el doble rasero: mientras se persigue a opositores, se salva a los fieles al sanchismo.
Críticos desde el Supremo no escatiman advertencias. Jueces y fiscales avisan que Peramato «se arriesga a una querella» si no inhabilita a García Ortiz, recordando que el Reglamento exige separación por delitos dolosos. Fuentes fiscales consultadas por El Independiente son tajantes: «El daño causado por García Ortiz a la institución es irreparable», y critican que Peramato permita su regreso a puestos clave como la Sección de lo Social del Supremo. Esta interpretación favorable de Peramato, que sortea la suspensión permanente, choca con el sentido común y abre un debate ideológico: ¿por qué la izquierda defiende a un condenado cuando clama por justicia imparcial en otros casos?
Desde el progresismo, se intenta minimizar el escándalo. El País señala que Peramato hereda una Fiscalía «rota y bajo sospecha de politización», pero ignora que su propia opacidad agrava la herida. Juristas afines, como en el acto del Ateneo de Madrid, tildan la sentencia de «bochornosa», pero esto solo enmascara el verdadero problema: un indulto en trámite por el Gobierno que premia la deslealtad. El exfiscal Salvador Viada lo clava: «No se puede exigir a los ciudadanos el cumplimiento de la Ley cuando nosotros torcemos la Ley de esta forma para nosotros mismos. Es un despropósito».
Peramato, al negarse a divulgar el expediente pese a demandas de asociaciones fiscales conservadoras, no solo genera malestar interno, sino que invita a recursos legales, como el presentado por el novio de Ayuso. Este patrón de secretismo no es nuevo en una Fiscalía politizada, pero bajo Peramato alcanza cotas alarmantes. Si pretende «sanar heridas», como prometió, debe empezar por la luz total, no por el encubrimiento que huele a complicidad.
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