La izquierda socialista, que tanto presume de honestidad y transparencia, vuelve a quedar en evidencia con un nuevo capítulo de presunta corrupción en las entrañas del Ministerio de Hacienda. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez defendía a capa y espada la inocencia de su hombre de confianza, la Policía Nacional ha descubierto una caja fuerte oculta y fajos de billetes repartidos por la vivienda de José Antonio Marco Sanjuán, ex alto cargo cercano a María Jesús Montero. Esta operación desnuda la hipocresía de un Ejecutivo que protege a los suyos mientras carga contra la oposición.
Los sorprendentes hallazgos en el registro policial
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), con apoyo de perros especializados en detectar dinero en efectivo, registraron la vivienda de Marco Sanjuán en la urbanización Parquesol de Valladolid. Los canes marcaron varios puntos, lo que permitió localizar una caja fuerte empotrada bajo una barbacoa de obra, que tuvo que ser abierta «mediante el uso de la fuerza».
Además, se encontraron billetes de 50 euros ocultos entre libros y archivadores de Derecho Tributario en el despacho, y un fajo más en el baño principal, dentro de una bolsa de aseo bajo el lavabo.
«La dispersión del dinero en distintos puntos del inmueble responde a un modus operandi orientado a dificultar su localización», señala el atestado policial. Estos detalles revelan un presunto esquema sofisticado para ocultar comisiones ilegales. Marco Sanjuán sigue imputado por cohecho tras la querella de la Fiscalía Anticorrupción, autorizada por la magistrada Inmaculada Loba del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid.
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La defensa del Gobierno frente a las evidencias
A pesar de estos hallazgos, el ex ‘tres’ de Montero continúa como inspector especial en la Delegación de la Agencia Tributaria en Valencia, recolocado tras dimitir. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, había declarado: «Se le acusa de haber cobrado de algunas empresas mediante transferencias bancarias y él me dijo que podía demostrar que no hay nada. Yo le creí en ese momento y le sigo creyendo ahora».
Sin embargo, la investigación confirmaría pagos de empresarios a cambio de anular sanciones, como el caso de Discomtes, donde se eliminó una multa de 64.000 euros tras recibir transferencias.
Esta actitud del Ejecutivo socialista no sorprende: prioriza la protección de sus redes antes que la limpieza de las instituciones públicas. Vox lleva años denunciando esta cultura de impunidad que el PP, en su tibieza, ha permitido consolidar en demasiadas ocasiones.
El rol de la pareja y el entramado societario
La investigación apunta también a Carolina Verdés Pastor, pareja de Marco Sanjuán y abogada fiscalista, cuya sociedad B2B Corporación Jurídica SL habría canalizado pagos de empresarios. Un matrimonio de Alicante realizó nueve transferencias por más de 305.000 euros a sociedades vinculadas, coincidiendo con intervenciones en expedientes tributarios.
Documentos incautados, como uno titulado «Yo mismo (autocolaboración)», detallan supuestos esquemas de comisiones por «revisión de expedientes» y porcentajes «de lo que se ahorre el cliente». Fuentes policiales consideran que Verdés podría tener relevancia penal como cooperadora.
«Acordó con diversas personas físicas y jurídicas recibir una remuneración», recoge el atestado. Este caso ilustra cómo la izquierda ha convertido partes de la Administración en una red de favores que perjudica al contribuyente honrado.
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