La tesis del libro sobre una supuesta persecución política a figuras disidentes
Una publicación reciente elaborada por una licenciada en Derecho y Criminología, que además ejerce como concejala de Cultura y Feminismo por Compromís en el municipio valenciano de Casinos, presenta el caso de Mónica Oltra como ejemplo destacado de lo que denomina “guerra jurídica”. La autora, según la información de la agencia, interpreta el procedimiento abierto contra la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana como una forma moderna de neutralizar a quienes cuestionan el poder establecido, sustituyendo antiguos métodos por procesos judiciales prolongados y una permanente atmósfera de sospecha.
La obra, cuya portada muestra una camiseta con el rostro de Oltra junto al concepto “lawfare”, argumenta que este mecanismo se utiliza para apartar del escenario político a representantes elegidos democráticamente que impulsan medidas incómodas para el statu quo. Entre los motivos que señala figura que las actuaciones comenzaron cuando, desde el Gobierno valenciano, se defendió la reversión de privatizaciones sanitarias y la universalización de los servicios sociales. En su análisis, estos pasos habrían desencadenado una campaña que culminó con la dimisión de Oltra y que, según su visión, persiste en la actualidad. No tendrá nada que ver con el tema de menores tuteladas, no, seguro que no…
La autora destaca además que Oltra ha aceptado el reto de su formación política para regresar a la primera línea, presentándolo como demostración de que es posible resistir y “renacer” tras este tipo de presión. El libro repasa también supuestos casos similares en América Latina, citando a Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales o Dilma Rousseff, y subraya un supuesto componente de género: el uso selectivo de estas herramientas contra liderazgos femeninos incómodos para el sistema, mencionando nombres como Ada Colau, Irene Montero o Victoria Rosell. Todo ello se enmarca en una reflexión más amplia sobre cómo la justicia, que en teoría debería ser una garantía democrática absoluta, podría estar convirtiéndose en un instrumento diferente. En fin, que nos enfrentamos a un mix izquierdista de incompetentes, relacionados, investigados, imputados, sospechosos o condenados(pero luego descondenados) presentados como mártires políticos y ejemplo de resistencia. Hombre, en ejemplo de resistencia podría decirse que sí. En el caso de Lula, por ejemplo.
Esa visión pueril genera dudas importantes al examinar con detalle el estado actual del procedimiento que vincula a Oltra. La autora retrata a Oltra como víctima paradigmática de un sistema que atenta contra la voluntad popular, pero minimiza el hecho de que todavía no existe sentencia firme y de que el caso se encuentra en fase de juicio oral después de que la Audiencia Provincial revirtiera el archivo inicial. Es más, lo retuerce a su favor. Esta forma de presentar los hechos tiende a construir una imagen de martirio antes de tiempo, cuando lo procedente es esperar el desenlace judicial con la seriedad que requiere un asunto de esta magnitud.
Los indicios del procedimiento en curso y su relevancia para la opinión pública
El proceso judicial contra Mónica Oltra se centra en el presunto encubrimiento de abusos sexuales que habría cometido su exmarido, Luis Ramírez Icardi, contra una menor tutelada por la Generalitat Valenciana entre 2016 y 2017. Ramírez Icardi fue condenado en diciembre de 2019 a cinco años de prisión por esos hechos. Posteriormente, la investigación se extendió hacia Oltra y otros doce antiguos colaboradores de la Conselleria de Igualdad que ella dirigía en aquella época. Las acusaciones incluyen presuntos delitos de prevaricación, malversación, encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos, abandono de menores y contra la integridad moral.
Inicialmente, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia y la Fiscalía consideraron que no había indicios suficientes para ir a juicio. No obstante, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ordenó recientemente continuar el procedimiento tras los recursos presentados por las acusaciones particulares y populares. El auto impone una fianza conjunta de 120.000 euros a los acusados y declara responsable civil subsidiaria a la Generalitat Valenciana. Oltra dimitió de todos sus cargos institucionales el 21 de junio de 2022, pocos días después de ser citada como investigada.
Desde una perspectiva crítica, resulta llamativo que la publicación analizada reste importancia a la gravedad de estos hechos para centrar el relato exclusivamente en una supuesta “guerra jurídica” motivada por razones políticas. Los abusos a una menor tutelada representan un asunto de extrema sensibilidad, y cualquier indicio de posible falta de diligencia por parte de las autoridades responsables merece ser examinado con el máximo rigor, sin que ello suponga adelantar el resultado final del juicio. Presentar el caso solo como una persecución contra una disidente que defendía políticas progresistas corre el riesgo de trivializar las sospechas concretas que han llevado a la apertura del juicio oral.
Esta ligereza contrasta con la realidad de un procedimiento que, lejos de ser un mero trámite, ha superado varios filtros judiciales y avanza hacia la fase de juicio. La ciudadanía tiene derecho a que asuntos de esta naturaleza no se reduzcan a un enfrentamiento entre poder judicial y voluntad popular, sino que se traten con la prudencia que exigen posibles irregularidades en la protección de menores bajo tutela institucional.
Motivaciones políticas, mediáticas y el debate sobre la calidad democrática
La autora del libro sostiene que el proceso ha perjudicado la calidad de la democracia valenciana y española al convertir el derecho en un arma que afecta a todos los ciudadanos, obligando a la sociedad a organizarse para recuperar garantías perdidas. Afirma que quien estudió Derecho creyendo que la justicia era una garantía absoluta debe ahora reclamar sus derechos porque la democracia “quizá no está en su mejor momento”. También agradece a Oltra que accediera a una entrevista para el libro y resalta su importancia pasada en el municipalismo, que habría facilitado la incorporación de otras mujeres a la política.
Sin embargo, esta visión épica y colectiva puede interpretarse también de otra forma: como un intento de mantener presencia pública en un momento en que tanto Oltra como la autora han perdido visibilidad institucional tras abandonar cargos de mayor relevancia. Dejar la primera línea de la política suele conllevar una reducción de ingresos y de proyección mediática, lo que podría explicar el esfuerzo por convertir un procedimiento aún pendiente de sentencia en un relato de «resistencia heroica». Oltra ha aceptado regresar a la primera línea y, según informaciones recientes, aspira a recuperar un papel destacado, incluso con vistas a presentarse como candidata a la alcaldía de Valencia.
En este contexto, la narrativa del “lawfare” como amenaza sistémica contra liderazgos femeninos y políticas progresistas sirve para mantener el foco mediático y movilizar apoyos. Pero plantea interrogantes sobre si realmente se está ante una erosión democrática o ante una estrategia comunicativa que busca capitalizar un caso judicial serio. La autora advierte que el verdadero problema no es juzgar «sin indicios», sino que una democracia lo considere normal. La crítica razonable sugiere lo contrario: trivializar la gravedad de las acusaciones —presunto encubrimiento de abusos a una menor tutelada— para presentar a la acusada como mártir antes de que exista sentencia puede contribuir precisamente a erosionar la confianza en las instituciones judiciales.
No puede construirse este tipo de relato ignorando que el procedimiento contra Oltra y sus colaboradores avanza por decisión de la Audiencia Provincial tras haber superado el filtro inicial de falta de indicios. Solo cuando exista sentencia firme se podrá valorar con certeza si se trató de una persecución política o de un ejercicio legítimo de la justicia. Mientras tanto, corresponde distinguir entre crítica política legítima y la necesidad de no banalizar hechos tan graves como los que se investigan.
