El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra en la cuerda floja del Tribunal Supremo, pese a las evidentes ayudas institucionales que le rodean. Ayer, 4 de noviembre de 2025, la segunda jornada del juicio por revelación de secretos desveló no solo las maniobras dilatorias de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso, sino también cómo la Fiscalía actúa más como abogada defensora que como perseguidora de la verdad. ¿Es esto justicia o un circo político orquestado desde Moncloa? Confrontemos los titulares complacientes de la prensa progresista, que intentan minimizar el escándalo, con la cruda realidad: García Ortiz, un hombre clave en el engranaje sanchista, filtró datos confidenciales para dañar a la oposición, y ahora su propia institución lo blinda sentándose a su lado en el banquillo.
Recordemos el contexto: García Ortiz está acusado de filtrar un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el que se reconocía un fraude fiscal. Esta supuesta revelación de secretos no es un error menor; es un ataque directo a la privacidad y un uso partidista de la Fiscalía. González Amador, testificando ante el Supremo, declaró: «El fiscal general me mató públicamente», aludiendo a cómo la nota de prensa de la Fiscalía lo etiquetó como «delincuente confeso» y destruyó su reputación. «Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España, García Ortiz me había matado entre la nota de la Fiscalía y la publicación del email», afirmó bajo juramento. Esta cita pone en evidencia el daño irreparable causado por un alto cargo que debería velar por la imparcialidad.
Pero el debate real surge al cuestionar la independencia judicial. ¿Por qué la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, obligada a acusar, pide la absolución de su jefe? Esto no es neutralidad; es complicidad. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, testificó que predijo que «el fiscal general iría p’alante», y no se equivocó: «No era desacertado». Rodríguez describió a González Amador como una víctima, no un delincuente, y detalló cómo la defensa del novio de Ayuso buscaba un acuerdo discreto con la Fiscalía, roto por la filtración.
Las declaraciones terminaron con Neira, jefa de prensa de la Fiscalía, admitiendo que la nota incriminatoria fue dictada por el propio García Ortiz: «La nota de prensa me la dictó él». Esto no es un lapsus; es prueba de intencionalidad. ¿defendemos una Fiscalía al servicio del Gobierno o una independiente? La izquierda clama por «justicia social», pero aquí vemos cómo se pervierte para proteger a los suyos. El Gobierno convierte este juicio en una «guerra contra el Supremo», oponiéndose a un tribunal que osa cuestionar al poder. ¿Ignoramos los testimonios directos?
El fiscal Julián Salto detalló las «maniobras dilatorias» de la defensa de González Amador, que «querían que no llegara a declarar», mientras que Rodríguez Lastra y Villafañe aportaron más contexto sobre las presiones. El Supremo, con siete magistrados de sensibilidades diversas, decidirá, pero el daño a la credibilidad de la Fiscalía ya está hecho.
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