En un país donde la memoria de las víctimas del terrorismo debería ser sagrada, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, bajo el mando de la socialista Aitana Hernando, ha priorizado la burocracia ideológica sobre el sentido común y la decencia.
¿Cómo es posible que se multen a ciudadanos por borrar un grito de apoyo a una banda asesina como ETA?
Esta sanción de 1.400 euros a dos miembros de la Coordinadora de la Bajada del Ebro no es un mero error administrativo: es una bofetada a la España unida y un guiño complaciente a los remanentes del separatismo radical. ¿está la izquierda protegiendo el legado tóxico de ETA en nombre de un progresismo mal entendido?
Los hechos del incidente
El incidente, revelado por múltiples fuentes, expone las prioridades torcidas de un gobierno local coaligado entre PSOE y Podemos (bajo la marca Ganemos).
Dos ciudadanos, comprometidos con la limpieza del río Ebro durante su tradicional evento anual, se encontraron con una pintada vandalizada que proclamaba «Gora ETA» sobre su mural. En lugar de permitir que este símbolo de odio terrorista contaminara la fiesta, decidieron borrarlo.
¿La respuesta del consistorio? Una multa desproporcionada por no solicitar «autorización previa», reducida a 700 euros tras pronto pago, pero que obliga a la asociación a recaudar fondos mediante calendarios solidarios y huchas en comercios locales.
Como denuncian los afectados en declaraciones recogidas por El Correo: «Como respuesta, la maquinaria burocrática municipal nos multa». Esta cita ilustra cómo el sistema penaliza a quienes actúan con responsabilidad cívica.
Contexto político y críticas
Pero vayamos más allá: este no es un caso aislado, sino un síntoma de cómo la izquierda gobernante en Miranda de Ebro –con Aitana Hernando al frente, alcaldesa del PSOE desde 2015– parece más interesada en preservar pintadas proetarras que en honrar a las víctimas de ETA.
Fuentes como La Razón lo dejan claro: «Un Ayuntamiento del PSOE multa a dos ciudadanos con 1.400 euros por limpiar unas pintadas de ‘Gora ETA'».
El Debate añade contexto político: el procedimiento culminó en una sanción inicial de 1.400 euros, ahora fijada en 750, bajo un gobierno PSOE-Podemos que prometió limpieza ambiental pero entrega multas ideológicas.
Libertad Digital profundiza en el absurdo: «Dos ciudadanos de Miranda de Ebro fueron expedientados por eliminar un grafiti proetarra antes de su fiesta mayor».
¿Por qué no se persigue al vándalo que pintó el ‘Gora ETA’ en primer lugar? Aquí radica el debate esencial: mientras los ciudadanos defienden una España sin resquicios para el terrorismo, la izquierda parece atrapada en un relativismo que equipara el borrado de odio con una «falta grave».
Eldiario.es, desde una perspectiva más progresista, confirma que la multa se debe a la intervención sin permiso en el mural, que también incluía símbolos fascistas, pero omite el escándalo de priorizar formalismos sobre el rechazo al terrorismo. Este contraste de fuentes demuestra que, mientras unos ven burocracia neutra, otros –con razón– detectamos un sesgo ideológico que revive el fantasma de ETA.
Debate Urgente
Este caso obliga a un debate urgente: ¿debe la burocracia izquierdista blindar símbolos de terror por encima de la voluntad ciudadana? Mientras el PSOE negocia con herederos de ETA en el Congreso, eventos como este en Miranda de Ebro revelan que el virus del separatismo no ha sido erradicado. Es hora de exigir responsabilidad: anular la multa, perseguir a los verdaderos vándalos y recordar que España no tolerará más guiños al terrorismo.
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