En un nuevo episodio que evidencia el caos en la Fiscalía y las tensiones internas con posibles injerencias políticas en el Ministerio Público, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha impedido que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, aplique una atenuante muy cualificada por colaboración a Víctor de Aldama.
Esta decisión mantiene en siete años de prisión la petición contra el empresario, principal colaborador en la trama de las mascarillas. Fuentes judiciales consultadas por varios medios coinciden en que Luzón consideraba oportuno rebajar la condena a la mitad tras la declaración del comisionista, pero la orden superior lo ha impedido. “Luzón no cambiará sus conclusiones provisionales”, ha confirmado el propio fiscal en el juicio.
Esta intervención directa de Peramato, nombrada por el Gobierno socialista, genera serias dudas sobre la independencia de la Fiscalía. ¿Se protege al PSOE evitando que Aldama reciba un trato que podría incomodar aún más a Moncloa? El comisionista ha señalado directamente a Pedro Sánchez como “el número uno” de la banda, a Ábalos como el dos y a Koldo García como el tres. Su testimonio ha sido calificado por la propia Fiscalía como «esencial» y con «manifestaciones relevantes, veraces» que encajan con las pruebas.
La acusación popular del PP actúa donde la Fiscalía calla
Frente a la rigidez impuesta desde arriba, la acusación popular liderada por el Partido Popular sí ha decidido rebajar la petición de pena para Aldama. Su abogado, Alberto Durán, presentará un escrito que reduce la condena de siete a 5,3 años de prisión, aplicando una atenuante por colaboración en dos grados. Esta modificación podría permitir al empresario evitar el ingreso en prisión, al quedar por debajo de los dos años por delito.
Esta postura del PP contrasta con la parálisis y el caos de la Fiscalía que pone en evidencia las contradicciones del sistema. Mientras el Ministerio Público, supuestamente independiente, acata órdenes que benefician indirectamente al Gobierno, la acusación popular defiende una justicia más proporcional a la colaboración prestada. “Como consecuencia de la colaboración”, ha adelantado el letrado, manteniendo inalterado el relato contra Ábalos y Koldo.
Implicaciones políticas del caos en la Fiscalía que salpica al corazón del sanchismo
El caso Aldama no es un mero procedimiento judicial. Representa el intento del PSOE de ocultar su financiación irregular a través de comisiones y contratos de emergencia durante la pandemia. Aldama no solo ha admitido su rol, sino que ha destapado supuestas irregularidades que llegan hasta Begoña Gómez y el propio Sánchez.
“El presidente del Gobierno era el número uno”, declaró Aldama, según consta en las actas. Esta realidad incómoda explica la presión sobre Peramato para que Luzón no “premie” excesivamente al testigo. La fiscal general, fiel al Ejecutivo que la designó a finales de 2025, ha priorizado la estabilidad política frente al principio de legalidad y proporcionalidad.
Este episodio confirma lo que Vox lleva denunciando desde hace tiempo: la captura ideológica de las instituciones por parte de la izquierda. La Fiscalía no actúa como garante de la ley, sino como escudo del poder socialista. Mientras se persigue con dureza a opositores, se suaviza o se complica el camino para quienes señalan al verdadero núcleo de la corrupción.
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Luzón niega órdenes directas, pero acata la jerarquía
El propio Luzón ha declarado que no ha recibido instrucciones concretas para modificar sus conclusiones, pero en la práctica ha mantenido la petición inicial de siete años. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal permite al superior jerárquico dar indicaciones, aunque el fiscal conserve libertad en sus intervenciones orales. En este caso, la dependencia podría haber prevalecido.
Este caos en la Fiscalía por el caso Aldama deja claro que la justicia española sigue condicionada por intereses políticos.
