El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha convertido a España en un auténtico infierno fiscal. Según datos oficiales y análisis independientes, el Estado se queda con más de la mitad de lo que cuesta emplear a cada trabajador, dejando a las familias con un poder adquisitivo cada vez más mermado. Esta realidad, lejos de ser un logro, evidencia el fracaso de una política que prioriza el gasto público descontrolado frente a la libertad económica y el bienestar de los contribuyentes.
La cuña fiscal devora más de la mitad del salario
Cada trabajador español entrega de media 21.144 euros al año a las arcas públicas entre impuestos y cotizaciones sociales. Esto supone que el Estado absorbe el 53,6% del coste laboral total, mientras el empleado retiene solo el 46,4% en su bolsillo.
“España paga más impuestos que nunca”, advierten los autores del informe Impuestómetro 2026 del Instituto Juan de Mariana. La recaudación total alcanzó en 2024 los 591.679 millones de euros, equivalente al 37,1% del PIB, un récord histórico. Las previsiones de la Comisión Europea elevan esta ratio al 38,3% en 2026.
Desde que Sánchez llegó al poder en 2018, los ingresos tributarios han crecido en 168.166 millones de euros (+39,7%), y podrían sumar un incremento adicional de 248.000 millones hasta 2026 (+58,5%). La presión fiscal ha subido 3,4 puntos del PIB en ocho años, un avance “sin precedentes históricos” mientras en la media de la Unión Europea ha descendido ligeramente.
La clase media es la gran perjudicada. El IRPF y las cotizaciones sociales concentran la mayor parte de la subida, agravada por la negativa del Gobierno a deflactar el impuesto de la renta pese a una inflación acumulada del 23,2%. Los impuestos directos han aumentado un 56,3% en términos nominales. Cada español paga de media 682 euros más al año, y cada hogar, 1.657 euros adicionales. En las rentas más bajas, el salario neto real ha caído un 5,9%.
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Un sistema que castiga el esfuerzo y premia el despilfarro
El gasto público no ha dejado de crecer: en 2024 alcanzó los 725.006 millones de euros, con las pensiones como principal partida (33,7%), seguidas de sanidad (14,2%) y otras partidas como subvenciones y empleo (11,2%). Desde 2018, el gasto ha aumentado en más de 221.000 millones.
A lo largo de su vida, un ciudadano medio desembolsará unos 460.600 euros en impuestos, el equivalente a 16 años de salario. Casi la mitad de esa carga procede del trabajo. Incluso en la jubilación, sigue soportando el 31,3% de su carga fiscal total.
El tipo marginal del 45% en el IRPF se aplica ya a partir de unos 60.000 euros, un umbral bajo comparado con otros países europeos. Entre 20.000 y 60.000 euros, la carga fiscal se multiplica por 7,5. El informe documenta 141 subidas de impuestos y cotizaciones desde 2018: 63 explícitas, 46 encubiertas por la inflación y 32 por revisiones catastrales, a las que se suman nuevas medidas en 2026.
El sistema penaliza a la clase media trabajadora y utiliza la inflación como “impuesto encubierto”. Esta estrategia no solo reduce el poder adquisitivo, sino que desincentiva la creación de empleo de calidad y la inversión productiva.
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Este modelo fiscal confiscatorio no es sostenible. Mientras el Gobierno celebra récords de recaudación, los trabajadores ven cómo su esfuerzo se diluye entre burocracia, subvenciones ideológicas y un gasto público ineficiente. Países que han optado por bajar impuestos han logrado mayor crecimiento y empleo de calidad. España, en cambio, converge con Europa “por la vía fiscal y no por renta”.
La única salida pasa por una bajada generalizada de impuestos, especialmente sobre el trabajo y la renta media, junto con una reducción drástica del gasto superfluo. Cualquier otra opción solo perpetuará el empobrecimiento de las familias españolas.
