Por Enrique J. Oritz
El Laberinto de la Piedra y el Olvido: Crónica del Desamparo Habitacional en España
Camine uno por las avenidas de nuestras capitales o por las periferias donde el asfalto se rinde ante el erial, y sentirá el latido de una angustia que no es nueva, pero que hoy clama con una voz más áspera. En este solar que llamamos España, la casa ha dejado de ser el sagrario del hombre para convertirse en un espejismo inalcanzable. No es una impresión lírica; los números, fríos como el mármol de una tumba, nos dicen que para el 42,8% de los españoles, el techo que los cobija es hoy su mayor tormento. Nos hallamos ante un agujero negro que devora las esperanzas de los jóvenes y la paz de los viejos, una crisis que, según se barrunta, dejará un vacío de 800.000 viviendas para el año 2027.
¿Cómo hemos llegado a este desierto de cal y ladrillo? Para entenderlo, hay que mirar no solo las leyes, sino las costuras de un Estado que parece haber olvidado que gobernar es, ante todo, proveer lo necesario para la vida.
La Babel de las Competencias
El primer muro con el que choca el ciudadano no es de ladrillo, sino de papel. España se ha convertido en un estado atomizado, una suerte de Torre de Babel administrativa nde nadie parece hablar el mismo lenguaje. Aunque el Gobierno de la Nación dicte leyes de base con la solemnidad que otorgan los boletines oficiales, la realidad es que las competencias exclusivas en materia de vivienda y urbanismo residen en las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
*El cambio legal que afecta a tu vivienda y nadie esperaba
Este reparto de poderes genera un escenario de «brazos caídos». Cuando el color político de la capital no coincide con el de las regiones, la ley se vuelve una sombra sin cuerpo. Si el Estado intenta embridar los precios en las zonas donde la vida se ha vuelto impagable, se encuentra con que las autonomías —dueñas de la llave del suelo— se niegan a aplicar el remedio. El Estado tiene el cofre del dinero, pero son las regiones las que guardan las llaves de la tierra, y en ese forcejeo, el hombre común queda atrapado como el grano de trigo entre dos muelas de molino que no dejan de girar.
El Pecado de la Desamortización Privada
Arrastramos lo que podríamos llamar un pecado original en nuestra política de vivienda. Mientras en Europa se construían cimientos sólidos de patrimonio público, en España optamos por el camino fácil de la propiedad privada subvencionada. Hoy somos la anomalía del continente: apenas un 2% de nuestro parque de viviendas es social, una cifra que palidece frente al 30% de los Países Bajos o el 9% de la media europea.
Durante décadas, la famosa Vivienda de Protección Oficial (VPO) ayudaba a comprar, pero pasados los años —quince, treinta—, aquel esfuerzo colectivo se disolvía en el mercado libre, enriqueciendo a los individuos y por tanto al conjunto de la sociedad. Reconstruir hoy ese parque público es una tarea que requiere décadas, un tiempo que no rima con las urgencias de las urnas ni con el hambre de soluciones de quien no llega a fin de mes. Una promoción de viviendas tarda en levantarse entre tres y cinco años, un plazo que a la política, siempre tan cortoplacista, le parece una eternidad insoportable, pero no se hace nada por agilizar el proceso ni desde el gobierno central ni desde las comunidades.
La Tierra Baldía y el Freno de la Pluma
Si uno busca construir, se encuentra con la odisea del suelo. En este país, transformar un terrón rústico en un solar apto para la edificación es un proceso que puede durar más de una década. Los Planes Generales de Ordenación Urbana son instrumentos rígidos, estructuras de una pesadez decimonónica que cualquier pleito judicial puede congelar durante años. Existe un miedo cerval en la administración a flexibilizar estas normas, quizás por el recuerdo amargo de la corrupción de otros tiempos o por un celo ambiental que olvida, de un modo cruel, las necesidades del ser humano, anteponiendo las de especies no tan escasas y a las que no se le buscan alternarivas. El resultado es un embudo: la gente acude en masa a las ciudades, pero la oferta legal de suelo sigue dormida bajo normativas de hace veinte, o más, años.
El Miedo del Pequeño Propietario y la agresión de las administraciones.
No se puede ignorar la tragedia del pequeño poseedor. En España, el 80% de las viviendas en alquiler pertenecen a ciudadanos de a pie, gentes que acaso tienen un piso como único ahorro para su vejez. Cuando el Estado interviene de forma abrupta, limitando precios o dificultando el recobro de la propiedad ante el impago, ese pequeño propietario, herido por la inseguridad jurídica, retira su oferta del mercado.
El miedo a la ocupación o a la insolvencia del inquilino empuja a muchos a dejar sus casas vacías o a entregarlas al voraz apetito del alquiler vacacional. El Gobierno camina sobre la cuerda floja: si protege demasiado al inquilino, el propietario huye; y el precio vuela hacia las nubes. Claramente si no se aumenta la oferta pero si las políticas intervencionistas que atacan a la propiedad se genera la tormenta perfecta. ¿Están difícil de entender?
El Ladrillo como Ídolo y Condena
Debemos admitir que el ladrillo es la columna vertebral de nuestra economía, un ídolo de barro al que no nos atrevemos a derribar. Una bajada drástica de los precios sería una bendición para el joven que quiere empezar su vida, pero sería un descalabro para el patrimonio de millones de familias españolas que no conocen otra forma de ahorro que las cuatro paredes de su hogar.
*El espejismo de los 7.000 millones: el engaño del plan de vivienda
A este drama doméstico se suma la llegada de los fondos de inversión internacionales, esos gigantes sin rostro que buscan en el mercado español la rentabilidad que ya no dan los bancos. El Estado se mueve con pies de plomo, temiendo que una regulación excesiva provoque una fuga de capitales, mientras el ciudadano queda desprotegido ante la especulación. El interés general y la propiedad privada chocan en un combate donde habitualmente el Estado opta siempre por los grandes. Mande el partido que mande.
Las Manos Perdidas
Pero hay algo más profundo y físico: no hay quién construya. Tras la catástrofe de 2008, España perdió a toda una generación de artesanos de la piedra y el metal. Hoy, si el Gobierno quisiera levantar mil casas mañana, se encontraría con que faltan albañiles, fontaneros y electricistas. Esta escasez, unida al encarecimiento de los materiales —el acero, el hormigón, la energía—, hace que construir vivienda asequible sea hoy una quimera económica a menos que el Estado asuma todo el coste.
El Cambio de la Estirpe
Mientras tanto, la demanda no da tregua. La población crece y se concentra con una fuerza ciega en las grandes capitales y las costas, allí donde el espacio ya no da más de sí. Los hogares se fragmentan; ya no buscamos casas para familias de siete hijos, sino para una o dos personas, lo que multiplica la necesidad de techos individuales. Es un cambio de época que la oferta, estancada y vieja, no sabe o no puede atender.
Epílogo: La Necesidad de un Pacto de Estado
No hay, pues, una solución mágica para este laberinto. La política de parches —el bono joven, las ayudas puntuales— solo sirve a menudo para echar más leña al fuego de los precios. La única salida real, aunque parezca un sueño en estos tiempos de discordia, es un Pacto de Estado a veinte años. Una reforma profunda de la ley del suelo que limpie la maleza burocrática y una inversión constante que no se detenga cuando cambie el viento de las elecciones.
Mientras la vivienda sea tratada como una moneda de cambio o un arma de partido, y no como un servicio esencial del nivel de la salud o la cultura, el déficit seguirá su marcha implacable. España debe decidir si quiere seguir siendo un país de propietarios con miedo o un país de ciudadanos con hogar. De lo contrario, seguiremos viendo cómo la piedra se vuelve oro para unos pocos y humo para la mayoría.
