El Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo de gobierno en Aragón que permitirá la investidura de Jorge Azcón como presidente. Tras las elecciones de febrero de 2026 y tres meses de negociaciones, ambos partidos sellan un pacto que otorga a Vox mayor peso institucional que en Extremadura y prioriza las demandas de los ciudadanos españoles frente a las políticas de izquierdas.
Reparto de responsabilidades y estabilidad institucional
El acuerdo concede a Vox una vicepresidencia primera unida a la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, además de las carteras de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y Medio Ambiente y Turismo. Vox también obtendrá la vicepresidencia de las Cortes y un senador autonómico.
Este reparto refleja el mejor resultado electoral de Vox en Aragón respecto a otras comunidades. Alejandro Nolasco, líder de Vox en la región, celebró el pacto como respuesta a la “mayoría natural” que los aragoneses expresaron en las urnas. Por su parte, Jorge Azcón subrayó que el acuerdo garantiza cuatro años de presupuestos estables y se centra en resolver problemas reales de los españoles.
En contraste con los bloqueos habituales del PSOE y la tibieza del PP nacional, este entendimiento demuestra que, cuando se anteponen los intereses de Aragón y España, es posible avanzar sin ceder a la agenda globalista.
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Prioridad nacional y medidas concretas contra el despilfarro
El eje central del pacto es la implantación de la prioridad nacional en el acceso a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales, siempre “adecuada a la legalidad vigente” y basada en el arraigo real. Azcón declaró: «La prioridad nacional va a ser compatible con el principio de legalidad. Ningún acuerdo irá al Consejo de Gobierno sin un informe de los servicios jurídicos».
Se construirán 4.000 viviendas públicas en cuatro años, con requisitos de empadronamiento de 10 años para compra y 5 para alquiler, priorizando a jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad españolas. Se excluirá a condenados por usurpación o allanamiento. Además, se combatirá el fraude en el empadronamiento mediante un servicio de verificación.
En materia de natalidad y familia, el acuerdo incluye deducciones fiscales crecientes por hijo (1.000 euros por el primero, 1.500 por el segundo y 2.500 por los siguientes), rebajas en el IRPF para rentas inferiores a 52.500 euros y apoyo a la conciliación. Estas medidas chocan frontalmente con las políticas del PSOE, que han fomentado la inmigración irregular y el gasto descontrolado en detrimento de los españoles de a pie.
Un giro necesario frente a la izquierda
Mientras el PSOE y sus aliados promueven la imposición lingüística, la despoblación rural y la entrega de recursos a quienes no tienen arraigo, el pacto PP-Vox en Aragón apuesta por la seguridad, la protección del sector primario y la defensa del medio rural. Se limitarán los excesos en renovables y se priorizará el bienestar de las familias autóctonas.
Este acuerdo no es un simple reparto de sillones: representa un debate de ideas entre quienes defienden España primero y quienes, desde la izquierda o desde el PP más complaciente, prefieren subordinar los intereses nacionales a agendas externas. Vox ha logrado introducir medidas concretas que el PP, en solitario, rara vez defiende con firmeza.
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