La misteriosa muerte del empresario venezolano Francisco Enrique Flores Suárez, investigado por la UCO por supuesta financiación ilegal al PSOE a través de petróleo de PDVSA, coincide con el escándalo de cinco testigos desaparecidos en el juicio contra el hermano del presidente Sánchez. Estos hechos refuerzan las sospechas de opacidad y maniobras para proteger al entorno socialista.
La repentina muerte de Francisco Flores Suárez
El 6 de febrero de 2026 falleció a los 55 años Francisco Enrique Flores Suárez, empresario venezolano ligado al chavismo y al sector petrolero. Su grupo empresarial Kingdom y la Fundación Venezolana Nueva anunciaron el deceso con un comunicado que rezaba: «ha sido llamado a la presencia de Dios», destacando su supuesta faceta religiosa.
Flores Suárez estaba bajo investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por su presunta implicación en un entramado de financiación ilegal del PSOE y de José Luis Rodríguez Zapatero. Según Víctor de Aldama, clave en el «caso Aldama», Flores habría facilitado un cupo de petróleo de PDVSA valorado en 250 millones de dólares (seis millones de barriles de crudo tipo Boscán), con un anticipo de cinco millones de euros en una cuenta rusa. Este acuerdo, certificado el 4 de febrero de 2020, nunca se ejecutó plenamente, pero aparece vinculado al sobre confidencial entregado por Aldama al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional.
La UCO analiza si Flores actuó como testaferro en operaciones que salpican directamente al PSOE, la Internacional Socialista y al propio Zapatero, quien niega cualquier reunión en Caracas aunque admite coincidencias en vuelos. Flores también enfrentaba acusaciones de vínculos con el narcotráfico: incautaciones de aviones y yates con droga en EE.UU. y República Dominicana, así como operaciones sospechosas en los FinCEN Files.
Cinco testigos «desaparecidos» a un mes del juicio al hermano de Sánchez
En paralelo, el caso contra David Sánchez (hermano del presidente, conocido artísticamente como David Azagra) por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias acumula un nuevo escándalo. Cinco testigos clave han desaparecido de los radares judiciales a escasas semanas del juicio, fijado para el 28 de mayo de 2026 en la Audiencia Provincial de Badajoz.
Entre ellos figuran un inspector de Hacienda (perito en la instrucción) y cuatro funcionarios de la Diputación de Badajoz. Las direcciones registradas están obsoletas, y el tribunal ha emitido una diligencia urgente requiriendo a las partes que faciliten su paradero actual. De no hacerlo, el proceso podría dilatarse o complicarse aún más.
Este caso involucra a once acusados, incluido el ex presidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo, por el presunto enchufismo de David Sánchez como coordinador de conservatorios. ¿Casualidad o maniobra para dilatar o enturbiar la verdad?.
El patrón siniestro del entorno Sánchez
En el entorno de Pedro Sánchez, todo lo que gira alrededor de él huele a muerte y desapariciones cuando la corrupción aprieta. Francisco Flores muerto justo cuando su testimonio podía ser decisivo; testigos desaparecidos a semanas de que el hermano del presidente se siente en el banquillo. No son hechos aislados: forman un historial preocupante de silencios oportunos, testigos evaporados y figuras clave que ya no pueden declarar. El cerco se cierra y, misteriosamente, se abren huecos en la verdad. ¿Cuántas «casualidades» más necesita la democracia española para exigir respuestas? El PSOE acumula un siniestro patrón que erosiona la confianza en las instituciones y pone en jaque la separación de poderes. La justicia debe actuar sin miedo ni favor: las muertes y desapariciones no pueden seguir siendo la respuesta del poder cuando la corrupción llama a la puerta.
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