Por Enrique J Ortiz
El proceso judicial contra Tareck El Aissami, exministro de Petróleo, exvicepresidente de Venezuela y uno de los hombres que llegó a ser de los más poderosos dentro del chavismo, representa uno de los quiebres políticos y judiciales más significativos en la historia reciente de Venezuela.
Venezuela: La Caída del «Zar» del Petróleo
Durante años, El Aissami manejó los hilos económicos más importantes del país, incluyendo la reestructuración de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la gestión de criptoactivos a través de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP). Sin embargo, en marzo de 2023, tras destaparse un descomunal desfalco en la comercialización de crudo, El Aissami desapareció de la escena pública tras renunciar a su cargo de ministro, alegando que colaboraría con las investigaciones.
El fiscal imputó a más de sesenta personas por el desfalcó de más de cinco mil millones de dólares a PDVSA, Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Cartones de Venezuela en el caso de corrupción, más de veinte fueron a juicio por traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación.
Más adelante, en 2024, ordenó la detención del propio El Aissami, Simón Zerpa (exministro de Economía) y el empresario Samark López, como cabezas y operadores financieros de esta trama. Días después, mostró públicamente la confesión de este último, quien habría grabado sus conversaciones junto a los políticos Julio Borges y Carlos Ocariz donde negociaba con ellos en nombre de Tareck El Aissami.
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La narrativa de la Fiscalía General de Venezuela dio un giro político con el tiempo. Más allá de un caso de codicia y corrupción administrativa, el Estado calificó la trama como una «conspiración económica». Según la acusación oficial, los implicados buscaban intencionalmente desestabilizar la moneda nacional (el bolívar) y disparar el tipo de cambio paralelo para implosionar la economía venezolana, presuntamente en connivencia con elementos externos.
Según la Fiscalía, la red operaba asignando cargamentos de crudo de manera irregular, utilizando divisas en efectivo y granjas de criptomonedas para desviar fondos estatales hacia cuentas privadas, eludiendo los controles del Banco Central y de los sistemas informáticos habituales de control financiero de la estatal (como el sistema SAP).
La forma de hacer constaba de varios pasos: primero altos funcionarios asignaban buques de petróleo y derivados a la Sunacrip y a particulares de extrema confianza. Se utilizaban más de 100 empresas fantasmas distribuidas en jurisdicciones como Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Colombia. Muchas no tenían ningún tipo de historial en el comercio de hidrocarburos. Posteriormente los pagos por el petróleo se recibían en criptomonedas o en divisas en efectivo. Al no pasar por el Banco Central de Venezuela (BCV), los operadores financieros de la red desviaban los fondos directamente a cuentas personales o billeteras digitales (wallets). Parte del dinero desfalcado se reciclaba en la instalación de enormes granjas de minería digital en varios estados de Venezuela, así como en la adquisición de bienes raíces de lujo, vehículos de alta gama y aeronaves.
Las estimaciones del desfalco varían ostensiblemente: mientras que ONGs como Transparencia Venezuela y firmas económicas lo sitúan en torno a los 16.600 millones de dólares, la narrativa institucional ha llegado a deslizar cifras superiores a los 23.000 millones.
El juicio se ha caracterizado por un estricto hermetismo al llevarse a cabo en tribunales con competencia en terrorismo y con el acusado recluido en Fuerte Tiuna. No obstante, las últimas actualizaciones del caso reflejan un cambio drástico en la dinámica procesal. El Aissami ha roto el silencio institucional para defender su gestión. Ha calificado las cifras del desfalco presentadas por la Fiscalía como «absurdas e incongruentes», alegando que bajo su mando se logró elevar la producción petrolera en condiciones críticas de sanciones internacionales. La defensa del exministro ha denunciado públicamente que este sufre torturas y extorsiones sistemáticas dentro de su reclusión, señalando directamente a figuras del aparato de justicia y criticando la actuación de los fiscales asignados al caso por ignorar o mofarse de dichas denuncias.
Analistas internacionales coinciden en que este juicio, más allá de la flagrante corrupción técnica documentada, funciona como una purga política interna. Al acusarlo también de presunta conspiración geopolítica con agencias extranjeras (como la CIA), el ala gobernante buscó desarticular un polo de poder económico autónomo que El Aissami había construido y utilizar el caso como una bandera de «mano dura» contra la corrupción.
El caso PDVSA-Cripto marcó un hito porque significó la caída en desgracia de uno de los grupos de poder más influyentes y consolidados dentro del propio gobierno venezolano (el ala de El Aissami). El impacto económico fue devastador para el país, puesto que el desfalco ocurrió en un momento de aguda crisis social, privando al Estado de recursos líquidos que debieron ingresar por la vía petrolera para estabilizar los servicios públicos, los salarios y la infraestructura nacional. El inicio de la fase de juicio oral y público en 2026 sigue manteniéndose bajo un estricto control político y judicial.
España: El fraude del IVA
La trama de los hidrocarburos es un importante caso de corrupción, fraude fiscal y blanqueo de capitales en España. Consiste en una red que evadió más de 300 millones de euros en impuestos (principalmente el IVA) en el sector de la distribución de carburantes e infiltró ministerios del Gobierno de España.
La organización criminal operaba mediante un esquema financiero y mercantil altamente estructurado: La red utilizaba sociedades instrumentales (llamadas empresas pantallas o truchas) que compraban carburante a precio reducido sin abonar los impuestos correspondientes. Luego vendían el combustible a gasolineras a precios anormalmente bajos para ganarse el mercado de forma desleal. Las empresas «trucha» se disolvían rápidamente antes de que la Agencia Tributaria pudiera reclamar el IVA devengado. Los beneficios ilícitos se desviaban mediante redes internacionales que abarcaban países de Europa, Asia y América, acumulando bienes de lujo y lingotes de oro.
Según informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la red delictiva penetró en las estructuras de la Administración Pública. Las investigaciones señalan al empresario Víctor de Aldama y a su socio Claudio Rivas como los máximos cabecillas. La trama presuntamente destinó cerca de un millón de euros a corromper cargos públicos. Entre las dádivas se incluye la compra de un chalé de lujo en Cádiz destinado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. El objetivo era lograr que el Ministerio de Transición Ecológica y el de Industria otorgaran una licencia de operadora mayorista a la mercantil Villafuel S.L., a pesar de que esta no cumplía los requisitos legales exigidos.
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El impacto económico de estas redes ha obligado al Gobierno a cambiar la normativa fiscal del sector energético. Se impuso la obligación a los operadores de realizar un pago anticipado o avalar el 110 % del IVA devengado justo antes de extraer el carburante de los depósitos fiscales y se creó el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (REDEF) para blindar el mercado y evitar que empresas fantasma operen en el sector logístico mayorista.
Existe una relación directa, de fondo y bajo investigación judicial entre el caso PDVSA -Cripto ahora juzgándose en Venezuela y la Trama de los Hidrocarburos española, aunque operaban en distintos lugares geográficos y con modalidades operativas diferentes. El nexo que une el escándalo PDVSA-Cripto en Venezuela con la Trama de los Hidrocarburos en España gira en torno a las mismas redes de intermediarios, intereses políticos compartidos y el uso de canales financieros opacos (como las criptomonedas).
La conexión
El empresario español Víctor de Aldama, considerado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como el «nexo corruptor» de la trama española de los hidrocarburos y del caso Koldo, es la figura clave que conecta ambos mundos. Se introdujo en los círculos de poder de Venezuela a través de contactos empresariales de alto nivel heredados de sus trabajos previos y mediante su consolidación como «conseguidor» e intermediario clave del Ministerio de Transportes de España,
Antes de su implicación en las tramas de corrupción en España, Aldama trabajó para el financiero Alberto Cortina. A través de este entorno, heredó y compartió contactos de primer nivel en México y Venezuela. Informes de la investigación señalan que estos vínculos políticos y empresariales previos le sirvieron de puente directo con las redes del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien mantiene una estrecha y conocida relación con el Gobierno de Caracas.
Las recientes investigaciones judiciales y de la Unidad Central Operativa (UCO) han puesto de manifiesto una compleja red de intermediación que vincula a figuras prominentes de la política y el empresariado español con los recursos estratégicos de Venezuela. En el centro de esta trama aparece Víctor de Aldama, quien presuntamente heredó y expandió gestiones iniciadas por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el país caribeño.
Uno de los puntos clave de esta conexión es la explotación petrolera en la Faja del Orinoco. Según declaraciones de Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, Zapatero habría actuado como representante de los empresarios Alberto y Alfonso Cortina para un proyecto en dicha zona. Alfonso Cortina, ex presidente de Repsol, era el principal accionista de Inversiones Petroleras Iberoamericanas S.A. (IPISA), empresa que recibió la concesión para explotar el Bloque JUNIN-10 en la Faja petrolera.
Esta sociedad, IPISA, se asoció con una filial de la estatal PDVSA para dar lugar a la empresa mixta Petrosur. Entre los socios y accionistas de este entramado se encuentran figuras como Ramón Blanco Balín, condenado por la trama Gürtel, y Alejandro Betancourt, presidente de Derwick Associates.
La entrada definitiva de Aldama en la agenda oficial con el Ejecutivo de Maduro se materializó cuando la aerolínea española Air Europa lo contrató como intermediario. El objetivo era que Aldama gestionara el cobro de una deuda de más de 200 millones de dólares que el Gobierno venezolano tenía retenida con la compañía aérea. Para desbloquear estos fondos, Aldama comenzó a negociar directamente con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, proponiendo alternativas de pago que incluían el uso de criptomonedas (petros) o el suministro de crudo de la estatal PDVSA.
Para afianzar sus operaciones y el flujo de capitales, Aldama tejió alianzas con millonarios y constructores venezolanos afincados en Madrid (Bolichicos) que estaban vinculados al entorno de Miraflores. Destaca su relación con figuras como Jorge Giménez Ochoa (presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y empresario cercano a Delcy Rodríguez), con quien acordó negocios cruzados que abarcaban desde el traspaso de jugadores de fútbol para el Zamora C.F. hasta complejas tramas de compra de oro y fletes de hidrocarburos.
Una vez introducido en la cúpula venezolana, Aldama utilizó este poder bidireccional para: organizar y estar presente en el polémico encuentro secreto en el aeropuerto de Madrid-Barajas en enero de 2020 con Delcy Rodríguez, -el conocido como caso Delcygate-. También para intentar montar un entramado masivo para eludir sanciones internacionales y comercializar crudo venezolano, operando con depósitos fiscales y bancos en la región.
Otra de sus actividades era presentarse ante consejeros delegados de grandes multinacionales españolas ofreciéndoles abrir puertas comerciales en el mercado venezolano gracias a su hilo directo con el chavismo
Los informes de la UCO revelaron que Aldama mantenía bajo custodia de su hombre de confianza, Luis Alberto Escolano, documentación altamente sensible relacionada con la estatal petrolera venezolana (PDVSA). Entre estos documentos se identificaron sobres con el sello de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela dirigidos a él.
En sus declaraciones ante la Audiencia Nacional, el propio Aldama ha apuntado a que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, le hizo llegar información y fondos procedentes de PDVSA vinculados al ámbito de los hidrocarburos y dirigidos presuntamente a la esfera política en España.
La trama española de los hidrocarburos no solo consistía en un fraude masivo de IVA en las gasolineras españolas (a través de empresas pantalla como Villafuel y la operación Quíone), sino que su origen comercial tocaba directamente a Venezuela. La oposición y las investigaciones parlamentarias en España han señalado que la red de Aldama y sus socios adquirían presuntamente petróleo venezolano de forma fraudulenta, saltándose las sanciones impuestas por la Unión Europea y los EE.UU. a PDVSA. Para blanquear su origen, el crudo era refinado en terceros países (como la República Dominicana) antes de introducirlo en el mercado europeo como si fuera combustible legal, obteniendo márgenes de beneficio gigantescos que luego se evadían.
Las criptomonedas como herramienta de blanqueo: En España, el modus operandi financiero de la trama de hidrocarburos clonó esta estrategia de Tareck el Aissami. Durante los registros a la red de fraude de carburantes en España, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria se incautaron de millones de euros en criptoactivos.
Ambos casos demuestran cómo las redes criminales asociadas al sector energético recurrieron a los mismos activos digitales opacos para mover capitales procedentes del petróleo, pagar comisiones a cargos públicos y enviar fondos a paraísos fiscales o cuentas en el extranjero de forma instantánea.
Aunque el caso PDVSA-Cripto en Venezuela investiga el saqueo interno de la petrolera estatal y la trama de hidrocarburos en España investiga un fraude fiscal y de comisiones políticas, ambas se tocan en el mercado negro del petróleo. La red en España funcionaba, en parte, como un brazo receptor y de lavado de los negocios opacos de la petrolera venezolana, utilizando a comisionistas con acceso directo al gobierno de Caracas y sirviéndose de las criptomonedas para ocultar el rastro del dinero.
