El sindicato Manos Limpias ha elevado la presión judicial solicitando una orden de «búsqueda y captura» contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente, si este persiste en no revelar su domicilio real. Esta maniobra no es un mero formalismo, sino un golpe directo a la presunta cultura de impunidad que rodea al entorno familiar del líder socialista, cuestionando si la ley se aplica con igual rigor a todos los ciudadanos.
La Audiencia Provincial de Badajoz concedió un plazo de 24 horas a David Sánchez para aportar una dirección válida, tras rechazar la que proporcionó: la del despacho de su abogado. «La citación para que comparezca en calidad de investigado en el juicio se le debe comunicar personalmente», enfatiza el tribunal, insistiendo en que no puede delegarse en intermediarios. Manos Limpias, como acusación popular, invoca el artículo 835 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para demandar su localización inmediata si ignora el mandato. «Habiendo facilitado don David Sánchez Pérez Castejón, una vez fue requerido por esta Sala, un domicilio que no es propio, por el presente solicitamos […] que se proceda de conformidad con el artículo 835 LeCrim, de manera que sea llamado y buscado por requisitoria», reza el escrito presentado por el sindicato.
Orígenes del escándalo: una denuncia por fraude y malversación
Este caso se origina en la denuncia de Manos Limpias en mayo de 2024 por presuntos delitos de fraude y malversación. Se acusa a David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra, de beneficiarse de un puesto a medida en la Diputación de Badajoz con un salario de hasta 55.000 euros anuales, sin apenas asistir a la oficina. «Percibe un sueldo público sin ir a trabajar», denuncia el sindicato en su querella inicial. El juicio, programado para el 28 de mayo de 2026, implica también a ex altos cargos del PSOE extremeño, como Miguel Ángel Gallardo.
Hipocresía en el poder
Este escándalo ilustra la hipocresía del PSOE: mientras Sánchez acusa a la oposición de «lawfare», su familia parece emplear tácticas evasivas que erosionan la confianza en las instituciones. ¿Por qué un familiar del presidente puede eludir notificaciones judiciales cuando cualquier español común enfrentaría consecuencias inmediatas? Contrasta con decisiones previas, como la rechazo de la jueza Beatriz Biedma a retirar el pasaporte de Sánchez en julio de 2025, permitiéndole viajar a Japón pese a las peticiones de Manos Limpias. «No procede la retirada del pasaporte», resolvió la magistrada, aunque requirió actualizaciones sobre su residencia. Esta permisividad, argumentan críticos, revela un doble rasero en la justicia bajo influencia progresista.
Igualdad ante la ley vs. privilegios políticos
La acusación popular, que incluye a Vox, pide tres años de prisión para David Sánchez por tráfico de influencias y prevaricación. La opacidad domiciliaria persiste, y la justicia debe prevalecer sobre filiaciones políticas. El socialismo predica igualdad, pero en la práctica, parece reservar privilegios para los suyos, alimentando un debate sobre si el Gobierno prioriza lealtades familiares por encima de la ética pública.
Comparado con otros casos, como las investigaciones a Begoña Gómez por tráfico de influencias, este episodio refuerza la percepción de un patrón de opacidad en Moncloa. Manos Limpias también ha pedido imputar a un exasesor y reinterrogar a Sánchez, demandando peritajes de la UCO sobre informes firmados. Si David Sánchez no coopera, no solo se confirmará su presunta implicación, sino que se profundizará la crisis de legitimidad de un régimen en entredicho.
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