En plena precampaña para las elecciones autonómicas del 17 de mayo en Andalucía, Montero se ve salpicada por una grave denuncia que desmonta su credibilidad. La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta mantuvo presuntamente una relación personal que ocultó sistemáticamente. Este caso no solo evidencia mentiras públicas, sino el profundo entramado de favores y opacidad que caracteriza al sanchismo.
La contradicción que expone a Montero
María Jesús Montero hizo supuestamente “vida de pareja” con Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, en el Hotel Las Salinas de Cabo de Gata (Almería) durante el verano de 2021, exactamente dos años después de haberlo cesado del cargo.
Un testigo que se alojó en el mismo establecimiento del 16 al 19 de agosto de 2021 junto a su esposa presentó denuncia ante la Guardia Civil. En ella relata cómo ambos compartían estancia y disfrutaban de paseos por el hotel, el paseo marítimo y la playa “como una pareja más”, con “una vida de pareja normal y corriente”.
El denunciante adjuntó documentación para acreditar los hechos y subrayó su obligación ciudadana de desmentir las declaraciones públicas de Montero. Cuando Fernández fue detenido en diciembre de 2025, la entonces ministra de Hacienda afirmó en los pasillos del Congreso: “Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente un año y pico en SEPI… no tengo ni idea de qué estaba haciendo este señor. Yo no he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada”.
Estas palabras quedarían hoy completamente desmentidas. Montero mintió de forma clara y rotunda ante la opinión pública.
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La trama SEPI y las influencias que persiguen a Montero
Aunque la denuncia inicial fue archivada al no constituir delito por sí sola, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analiza ahora su contenido dentro de la investigación por presunto tráfico de influencias en la denominada trama SEPI. La causa sigue bajo secreto de sumario en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Santiago Pedraz.
Los investigadores han constatado que Fernández, junto a Leire Díez y Antxon Alonso, formaba parte de un grupo de WhatsApp llamado “Hirurok” en el que supuestamente negociaban comisiones ilegales. Utilizaban sus contactos en los ministerios de Hacienda —entonces bajo Montero— y Transición Ecológica para amañar contratos y ayudas públicas por más de 132 millones de euros.
Vicente Fernández, considerado la “mano derecha” de Montero desde su etapa en la Junta de Andalucía, fue nombrado presidente de la SEPI por Sánchez en 2018 y cesado en octubre de 2019 tras su imputación en el caso Aznalcóllar (del que posteriormente fue absuelto). Tras dejar el cargo fue contratado por Servinabar, empresa vinculada a Antxon Alonso e investigada también en la trama Koldo.
Esta red de colocaciones y favores ilustra perfectamente cómo la izquierda convierte las instituciones públicas en cortijos privados.
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El silencio del PSOE ante las elecciones andaluzas
A pocos días de los comicios del 17 de mayo, esta revelación golpea directamente la candidatura de Montero. El PSOE, acostumbrado a cerrar filas ante cada escándalo, se enfrenta a una contradicción imposible de ocultar: la candidata que aspira a gobernar Andalucía negó cualquier contacto con Fernández mientras disfrutaba presuntamente de una relación de pareja con él en un hotel de lujo frente al mar.
El denunciante concluye con una pregunta incómoda: “Si nada tuviera que ocultar, cómo se puede negar la mayor, y más de una persona de tal relevancia pública y política”.
Mientras VOX exige regeneración democrática, fin de las puertas giratorias y meritocracia real, el PSOE y el PP —cada uno a su manera— contribuyen al deterioro institucional.
Montero simboliza hoy la doble moral de una izquierda que predica transparencia mientras practica el clientelismo más descarado. Los andaluces merecen conocer toda la verdad antes de votar.
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