El Ejecutivo autonómico vasco, bajo influencia socialista, aplica de forma sistemática el artículo 86 del reglamento penitenciario a presos de ETA. Esta medida permite a los terroristas disfrutar de una libertad casi total sin pernoctar en prisión y sin informar previamente a las víctimas. Esta práctica supone un nuevo agravio a quienes sufrieron el terrorismo y evidencia la dejadez institucional frente a la memoria de las víctimas.
La progresión encubierta al régimen de semilibertad
El Gobierno vasco concede terceros grados penitenciarios que, en teoría, se notifican bajo el artículo 83. Sin embargo, en el 90 % de los casos se ejecutan inmediatamente bajo el artículo 86, que implica pulsera telemática y salida completa de la cárcel. Las víctimas denuncian que no reciben aviso de este cambio, lo que les impide reaccionar a tiempo.
Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, lo ha calificado como “un engaño intolerable”. “El Gobierno Vasco nos notifica una cosa, pero luego no nos informa de que en la mayoría de los casos esos terceros grados pasan a ejecutarse a través del artículo 86”, ha denunciado. Esta opacidad deja a las familias en la indefensión más absoluta.
Casos concretos que escandalizan a la sociedad
Uno de los beneficiados es Jon Bienzobas, alias ‘Karaka’, asesino del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente. Recibió el tercer grado sin demostrar arrepentimiento fehaciente y pasó rápidamente al régimen de pulsera. Situaciones similares se repiten con otros etarras, mientras las víctimas ven cómo sus verdugos recuperan la libertad de facto.
Esta política se enmarca en una línea continuista del Ejecutivo de coalición PNV-PSOE que prioriza la “pacificación” sobre la justicia. El resultado es una amnistía encubierta que ofende la dignidad de quienes perdieron a sus seres queridos por defender la democracia. El escándalo de la impunidad: Txeroki pasea libre mientras exetarras adoctrinan en la Universidad Pública Vasca | Última Hora y Noticias de España | Nuestra España
Un modelo que humilla a las víctimas y blanquea el terror
Mientras el Gobierno vasco facilita la reinserción de etarras, la funcionaria encargada de enlace con las víctimas, Nerea Cambra, ha dimitido en plena cascada de salidas. Esta salida evidencia el malestar interno ante una política que ignora sistemáticamente a las asociaciones de víctimas.
Las víctimas de ETA no son un obstáculo para la “convivencia”; son la razón por la que nunca se debe blanquear el terrorismo.
Esta estrategia del Ejecutivo vasco no solo confronta a las víctimas, sino que debilita el Estado de Derecho y envía un mensaje claro: el dolor de los asesinados importa menos que el acercamiento a los verdugos.
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