¿Quién es la socialista que abre las celdas a ETA? Su plan de beneficios al descubierto

El perfil de una funcionaria socialista al servicio del acercamiento a ETA

María Jesús San José, nacida en 1966 en Sestao, es una jurista de larga trayectoria en la administración vasca y militante del PSE-EE. Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, ha ocupado diversos puestos de confianza en gobiernos socialistas, desde asesora jurídica en departamentos de Interior y Justicia hasta consejera de Trabajo y Justicia entre 2016 y 2020. En junio de 2024 regresó al Ejecutivo autonómico como consejera de Justicia y Derechos Humanos, asumiendo el control de las prisiones vascas.

Su nombramiento no ha pasado desapercibido. Desde su llegada al cargo, el departamento que dirige ha aplicado de forma sistemática beneficios penitenciarios a miembros de la banda terrorista ETA. La cadencia es reveladora: aproximadamente un tercer grado cada 18 o 19 días y una medida de semilibertad cada dos semanas. En menos de dos años se han concedido más de 30 terceros grados y al menos 13 aplicaciones del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, un mecanismo que permite salidas diurnas sin cumplir los requisitos estrictos del tercer grado ordinario.

Esta política no es casual. Responde a una estrategia clara del socialismo vasco, que prioriza la “reinserción” de terroristas por encima del dolor de las víctimas y la memoria de los asesinados. San José, como funcionaria de partido, ejecuta con diligencia las directrices de un Gobierno que busca contentar a la izquierda abertzale a cualquier precio. El PSOE vasco parece cumplir ese encargo con precisión milimétrica La Korrika 2026: niños con fotos de presos de ETA y tensiones con CCOO

Dos cerebros del asesinato de Miguel Ángel Blanco ya disfrutan de “tercer grado encubierto”

Entre los beneficiados destacan José Javier Arizcuren Ruiz, ‘Kantauri’, y Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, dos miembros del Comité Ejecutivo de ETA que, según la investigación judicial, idearon el secuestro y asesinato del joven concejal del PP Miguel Ángel Blanco en 1997. Ambos fueron procesados en 2024 como autores mediatos, aunque la causa prescribió por decisión de la Fiscalía.

‘Kantauri’ disfruta desde junio de 2025 de salidas diarias de la prisión de Pamplona gracias al artículo 100.2. ‘Anboto’, condenada a cientos de años de cárcel por atentados como el de Santa Pola que costó la vida a una niña, obtuvo semilibertad hace escasos días. En apenas un año, los socialistas han concedido este “tercer grado encubierto” a dos de los cuatro dirigentes que dirigían la banda desde Francia cuando se ordenó el crimen de Ermua.

Esta medida permite a etarras con condenas gravísimas pasar el día fuera de prisión y regresar solo a dormir. La Fiscalía ha recurrido varias de estas progresiones, pero el Ejecutivo vasco persiste.

Una ofensa a las víctimas y un debate pendiente sobre la justicia real

Esta oleada de beneficios no se limita a ‘Kantauri’ y ‘Anboto’. Han salido en similares condiciones Txeroki (exjefe militar de ETA), Asier Arzalluz (asesino del columnista José Luis López de Lacalle), los condenados por el asesinato del socialista Fernando Buesa, y otros como Juan Ramón Carasatorre o Henri Parot, imputado por decenas de asesinatos. Asociaciones de víctimas como Covite denuncian que muchos de estos internos mantienen vínculos con la izquierda abertzale y no muestran un arrepentimiento sincero.

“Nosotros tenemos a 200 presos dentro, y esos 200 tienen que salir de la cárcel”, llegó a afirmar Arnaldo Otegi en 2021. El PSOE vasco parece cumplir ese encargo con precisión milimétrica. Mientras las víctimas siguen esperando justicia, los socialistas aplican una política de impunidad que blanquea a los terroristas y humilla a quienes sufrieron el yugo de ETA.

Esta deriva no es mera gestión técnica: es una elección ideológica. El socialismo prefiere dialogar con los herederos de la banda antes que defender la memoria de los asesinados y el Estado de Derecho. Vox lleva años denunciando esta claudicación; el PP, en cambio, calla o comparte responsabilidades en pactos previos. La justicia, tampoco escapa a la crítica por su pasividad.