La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado anular la decisión judicial que pretendía seguir el rastro de varios miembros de la banda terrorista ETA refugiados en Venezuela. Esta postura, alineada con los intereses de los imputados, bloquearía comisiones rogatorias clave a Caracas y Estados Unidos, justo cuando un cambio político en el país caribeño podría abrir vías de colaboración. La Fiscalía pide «anular investigación etarras en Venezuela», priorizando formalismos sobre la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas
Una decisión que protege a los huidos
La Fiscalía, dirigida por Jesús Alonso, se ha adherido al recurso de apelación presentado por siete investigados en la causa del denominado «aparato de huidos» de ETA. El magistrado Francisco de Jorge había ordenado el 19 de mayo comisiones rogatorias para obtener información sobre una docena de etarras, entre ellos el sanguinario José Ignacio de Juana Chaos, condenado por más de 25 asesinatos.
Según publicó La Razón, estas diligencias «no son pertinentes ni necesarias». El fiscal Emilio Miró reproduce argumentos previos que limitan el derecho a la prueba y cuestionan la determinación de hechos concretos. Esta posición contrasta con el esfuerzo del juez instructor, quien prorrogó la investigación seis meses más, hasta diciembre, precisamente a la espera de resolver estos recursos.
«El derecho a la prueba no es absoluto«, sostiene el Ministerio Público, ignorando que el cambio político en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro representa una oportunidad histórica para esclarecer vínculos y responsabilidades. Fuentes consultadas indican que la Sala de lo Penal podría resolver pronto, pero el mero hecho de que la Fiscalía haga piña con las defensas genera un debate profundo sobre el compromiso real con la memoria de las víctimas del terrorismo.
En este contexto, resulta preocupante la protección que durante años dispensaron regímenes como el chavista a terroristas españoles. Esta actitud no solo dilata la justicia, sino que cuestiona la eficacia de las instituciones frente a un pasado que aún duele.
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Los etarras en el punto de mira y las críticas de las defensas
La Guardia Civil había situado en Venezuela a figuras como Arturo Cubillas, Eugenio Barrutiabengoa, José Luis Eciolaza «Dienteputo», Ángel María Lizarbe y otros, incluyendo a la viuda de «Argala». El objetivo del juez De Jorge era aclarar sus funciones en el «colectivo de refugiados», tradicionalmente controlado por el aparato político de ETA: posibles contactos, labores de enlace y grado de responsabilidad.
Las defensas, encabezadas por la letrada Amaia Izko en representación de imputados como Alfonso Etxegarai «Txema», califican las pesquisas de «indeterminadas» y «arbitrarias». Argumentan que ninguno de los 14 etarras es investigado directamente y que ocho ni siquiera aparecen mencionados en informes concretos. Denuncian una «investigación penal prospectiva» que violaría garantías constitucionales y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
Sin embargo, esta visión minimiza el contexto: décadas de protección por parte de Venezuela bajo Chávez y Maduro, documentada en múltiples informes. La comisión rogatoria a EE.UU. buscaba también datos del caso contra Hugo «El Pollo» Carvajal, exjefe de inteligencia venezolana, cuya declaración podría ser clave. «El cambio político permite inferir una colaboración», argumentaba el auto judicial del 19 de mayo.
Esta confrontación de posturas ilustra un debate esencial: ¿puede la Justicia española permitirse el lujo de la pasividad cuando se trata de etarras con sangre española en sus manos? La izquierda y ciertos sectores han normalizado durante años estas protecciones exteriores, mientras las víctimas exigen respuestas.
La lucha contra el terrorismo y el Estado de Derecho
La prórroga de la instrucción refleja la determinación del magistrado, pero la oposición fiscal introduce incertidumbre. Fuentes judiciales consultadas por diversos medios apuntan a que la Sala de lo Penal ya ha deliberado. Mientras tanto, la paralización beneficia a quienes huyeron de la justicia, perpetuando la impunidad.
Este caso no es aislado. Recuerda otras ocasiones en las que instituciones españolas han mostrado reticencias frente a la persecución de etarras en el extranjero, especialmente bajo influencias políticas de izquierdas que relativizan el terror. La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha impulsado esta causa como acusación popular, destacando la necesidad de aprovechar el nuevo escenario en Caracas.
«Una investigación penal prospectiva», denuncian las defensas, pero ¿acaso no es deber del Estado agotar todas las vías cuando hay indicios de estructuras de apoyo a terroristas? La Fiscalía prioriza tecnicismos que, en la práctica, frenan el avance. Esto genera un legítimo cuestionamiento: ¿está la Fiscalía actuando con la firmeza que exigen las víctimas y la sociedad española ante el legado de ETA?
En un momento en que España necesita cerrar heridas del terrorismo, decisiones como esta alimentan la percepción de una justicia selectiva. Es hora de priorizar la verdad sobre formalismos que solo sirven para proteger a los culpables. La Sala de lo Penal tiene ahora la responsabilidad de desbloquear esta vía y demostrar que el Estado de Derecho no se doblega ante presiones ni inercias.
La solicitud de la Fiscalía para anular el seguimiento de etarras en Venezuela representa un retroceso en la lucha contra la impunidad terrorista. Frente a la oportunidad que ofrece el cambio en Caracas, esta postura alinea al Ministerio Público con las defensas de los imputados, priorizando obstáculos formales sobre la justicia debida a las víctimas.
