En un país donde la libertad de expresión se supone pilar de la democracia, la Fiscalía de Málaga, bajo la batuta de la fiscal María Teresa Verdugo, ha decidido convertir un artículo de opinión en un supuesto crimen atroz. El sacerdote Custodio Ballester, un párroco de Barcelona con décadas de servicio a la Iglesia, se enfrenta a tres años de prisión por un delito de odio simplemente por advertir en 2019 sobre los riesgos del islam radical. Su texto, titulado «El imposible diálogo con el islam», no incita a la violencia ni promueve el rechazo irracional; al contrario, alerta sobre una amenaza real que muchos prefieren ignorar por corrección política. Pero en la España actual, decir la verdad se castiga mientras problemas graves, como los fallos en las pulseras antimaltrato, se dejan pudrir sin solución.
Recordemos los hechos: Ballester escribió que «el Islam radical quiere destruir la civilización cristiana y arrasar a Occidente», una afirmación que, lejos de ser inventada, se alinea con posiciones históricas como las del Papa Benedicto XVI. La denuncia proviene de grupos islamistas vinculados a entornos políticos progresistas, como los cercanos al partido de Ada Colau en Barcelona, que han impulsado esta persecución judicial. El juicio, programado para el 1 de octubre en la Audiencia Provincial de Málaga, no es más que un intento de silenciar voces críticas con el multiculturalismo forzado. ¿Delito de odio? Lo que hay aquí es odio al debate libre, un ataque frontal a la tradición cristiana que sustenta Europa.
Mientras tanto, el Ministerio de Igualdad, liderado por Ana Redondo, se enreda en estas cacerías ideológicas en lugar de resolver crisis reales que afectan a miles de mujeres. Las pulseras antimaltrato, dispositivos telemáticos diseñados para proteger a víctimas de violencia de género mediante el control de sus agresores, han fallado estrepitosamente. Avisos internos sobre múltiples problemas técnicos fueron ignorados durante meses por el Ministerio, poniendo en riesgo vidas inocentes. Una jueza ha confirmado el aumento en estos fallos, al punto de que algunas víctimas pedían retirar los dispositivos por ineficaces. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) documentó más incidencias de las admitidas oficialmente, desmontando la narrativa minimizadora de Igualdad. «El Ministerio de Igualdad desoyó reiterados avisos internos sobre múltiples fallos en las nuevas pulseras», revela un informe reciente, mientras la ministra anuncia una nueva licitación como si eso borrara la negligencia acumulada.
Este doble rasero es escandaloso. Por un lado, se persigue a un cura por opinar sobre el islamismo –una ideología que, en sus formas extremas, promueve la intolerancia y la conquista–, y por otro, se descuidan herramientas vitales contra la violencia machista. Fuentes independientes confirman que los problemas con las pulseras afectaron a más casos de lo reconocido, con víctimas, jueces y asociaciones denunciando el caos. En el Senado, una sesión monográfica impulsada por el PP ha puesto en evidencia estos fallos, con expertos criticando la pugna entre empresas como Telefónica y Vodafone como telón de fondo de una crisis mayor. ¿Por qué priorizar la censura ideológica sobre la seguridad real? Porque este Gobierno prefiere imponer su agenda progresista, aliada con el relativismo cultural, antes que proteger a sus ciudadanos.
El caso de Ballester no es aislado; es parte de un patrón donde el «delito de odio» se usa como arma contra disidentes, mientras amenazas reales como el radicalismo islamista se minimizan. Defendamos la libertad: si criticar ideologías extremas es delito, entonces la democracia está en jaque. El Ministerio de Igualdad debe responder: ¿Cuántas vidas valen sus cruzadas ideológicas?
