El Gobierno socialista prioriza la ideología de género sobre la protección real de las mujeres. En lugar de retirar de inmediato los dispositivos fallidos que han generado decenas de incidencias graves, el Ministerio de Igualdad ha confirmado que las nuevas pulseras telemáticas solo se destinarán a casos futuros, dejando a las víctimas actuales con un sistema defectuoso que ya ha demostrado su ineficacia.
La chapuza técnica que el Gobierno intenta ocultar
Durante meses, el sistema Cometa acumuló al menos 54 avisos de fallos técnicos entre marzo de 2024 y noviembre de 2025. Estos incluían manipulaciones por parte de agresores sin que saltara la alarma, pérdidas de cobertura, imprecisiones en la geolocalización y víctimas que no conseguían contactar con el centro de control.
La ministra Ana Redondo negó inicialmente cualquier problema grave, afirmando que “las pulseras han funcionado en todo momento”. Sin embargo, la realidad judicial desmiente esa versión: los fallos provocaron absoluciones y sobreseimientos de agresores por falta de pruebas sobre quebrantamientos de órdenes de alejamiento.
“El elemento probatorio necesario para formular acusaciones se perdió”, según recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado.
Este desastre técnico no es un incidente aislado, sino el resultado de una gestión negligente que incluye cambios de proveedor precipitados y una baja calidad en los dispositivos, criticada incluso por trabajadores del propio Centro Cometa.
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Una decisión que prioriza el gasto futuro sobre la seguridad presente
El Ejecutivo ha autorizado más de 71 millones de euros para un nuevo contrato hasta 2029, que incorporará “mejoras técnicas” y cambiará las pulseras por tobilleras.
Sin embargo, el Gobierno reconoce explícitamente que solo sustituirá los dispositivos “cuando sea necesario”, limitando las nuevas unidades a víctimas que aún no han entrado en el sistema.
Esto significa que miles de mujeres que ya sufren la amenaza de agresores con pulseras defectuosas seguirán expuestas, mientras el Ministerio destina fondos públicos a un futuro contrato que no resuelve la emergencia actual. Escándalo en Igualdad: fallos en las nuevas pulseras antimaltrato y desvío de fondos públicos | Última Hora y Noticias de España | Nuestra España
“Aunque el sistema pueda fallar, los protocolos no lo han hecho”, ha insistido Redondo, pero las evidencias policiales y judiciales demuestran que esa afirmación es insostenible.
La izquierda, incluida la del PSOE y sus socios, ha convertido la violencia de género en un negocio ideológico que genera millones en contratos sin garantizar resultados. Mientras tanto, el PP se limita a críticas tibias.
La necesidad de un cambio radical en la protección de las mujeres
Este caso pone de manifiesto el fracaso del modelo feminista oficial: más subvenciones, más ministerios y más propaganda, pero menos seguridad real para las víctimas.
Vox ha denunciado con claridad que nunca las mujeres han estado tan desprotegidas como bajo este Gobierno, exigiendo responsabilidades y una auditoría independiente que el Tribunal de Cuentas ya ha anunciado para 2026.
Es urgente pasar de la retórica a hechos: retirar inmediatamente todos los dispositivos defectuosos, auditar con transparencia la gestión del Ministerio de Igualdad y replantear un sistema que priorice la prevención efectiva frente al victimismo ideológico.
Las mujeres españolas merecen protección real, no experimentos tecnológicos caros gestionados por quienes niegan la evidencia.
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