En un movimiento que añade una nueva capa de incertidumbre al futuro comercial entre Europa y Sudamérica, el Parlamento Europeo ha aprobado solicitar formalmente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un dictamen jurídico sobre la compatibilidad del acuerdo UE-Mercosur con los tratados fundacionales de la Unión.
Esta decisión surge tras años de negociaciones y una creciente oposición interna en varios Estados miembros. El objetivo principal es determinar si los mecanismos de resolución de litigios y las cláusulas de sostenibilidad incluidas en el pacto se ajustan al marco normativo europeo.
Puntos clave de la resolución
- Dudas jurídicas: Los eurodiputados buscan claridad sobre si el acuerdo vulnera competencias nacionales o estándares ambientales europeos.
- Procedimiento de «división»: Se cuestiona la legalidad de separar la parte comercial del acuerdo político para agilizar su ratificación sin pasar por todos los parlamentos nacionales.
- Impacto en la ratificación: La solicitud de este dictamen podría paralizar el proceso de firma durante meses, mientras los jueces de Luxemburgo deliberan.
«Es fundamental garantizar que cualquier acuerdo comercial de esta magnitud no solo sea beneficioso económicamente, sino plenamente respetuoso con el ordenamiento jurídico de la Unión y nuestros compromisos climáticos.»
Un escenario de incertidumbre comercial
La resolución ha sido impulsada por una coalición que abarca desde sectores preocupados por la competencia desleal en la agricultura hasta defensores del medio ambiente que denuncian la falta de garantías contra la deforestación. Con este paso, el Parlamento asegura una supervisión judicial exhaustiva antes de que el texto llegue a la votación final para su aprobación definitiva.
De confirmarse cualquier irregularidad por parte del TJUE, la Comisión Europea se vería obligada a renegociar partes sustanciales del texto, lo que retrasaría indefinidamente uno de los mayores tratados de libre comercio del mundo.
El futuro del acuerdo comercial más ambicioso de la Unión Europea pende de un hilo. En una sesión marcada por la tensión y las protestas agrarias a las puertas de la sede parlamentaria, el Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles 21 de enero de 2026 remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
La resolución no solo es un revés político para la Comisión Europea, sino que representa una fractura profunda en el hemiciclo, reflejada en unos resultados extremadamente ajustados que evidencian la polarización sobre el modelo comercial europeo.
Los números de la parálisis
La votación final ha dejado claro que no hay un consenso sólido sobre la legalidad del procedimiento de ratificación:
- Votos a favor de la consulta al TJUE: 334
- Votos en contra: 324
- Abstenciones: 11
Este resultado implica que el proceso de aprobación queda congelado de facto, ya que los magistrados de Luxemburgo suelen tardar entre 18 y 24 meses en emitir este tipo de dictámenes jurídicos.
El éxito de la iniciativa ha sido posible gracias a una inusual coincidencia de intereses entre distintos bloques políticos. Esta decisión representa una victoria significativa para VOX y Patriotas por Europa, quienes presentaron esta iniciativa hace varios meses. Desde VOX, han calificado esta decisión como una “victoria histórica”, señalando que supone un freno a los intentos de la Comisión Europea de implementar el acuerdo rápidamente y sin control democrático. Jorge Buxadé, jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, declaró:
“Este acuerdo no puede aplicarse por la puerta de atrás. Hoy hemos ganado tiempo y también credibilidad como defensores del interés nacional frente a la imposición burocrática de Bruselas.”
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