En un giro que roza lo absurdo y expone las contradicciones del radicalismo izquierdista, Josu Alvarez, un exmiembro de ETA, ha contratado a la empresa Horus Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao, ocupada ilegalmente. Lo que debería ser un simple ejercicio de propiedad privada se convirtió en un espectáculo de tensiones, donde los vecinos, autodenominados «antifascistas», increparon al propietario por traer «nazis» al barrio. Alvarez, en un momento de pánico, terminó pidiendo auxilio a la Ertzaintza, la misma policía que en otros tiempos podría haber visto como enemiga. Esta historia no solo subraya la hipocresía de quienes defienden la okupación como «derecho», sino que revela el caos generado por leyes blandas que protegen a los delincuentes en detrimento de los legítimos dueños.
Según reporta El Correo, el incidente ocurrió el lunes en la calle Mena, en el barrio de San Francisco de Bilbao, donde unos 90 ciudadanos se movilizaron para impedir lo que calificaron como un «desalojo ilegal». Los cuatro empleados de Horus Desokupa, se posicionaron en la entrada del edificio, tomando fotos. «No sabía que eran ultras», respondió Alvarez en euskera a los insultos de los manifestantes, quienes le advirtieron que «sabían dónde vivía». Finalmente, el exetarra solicitó protección policial al sentirse amenazado. «Josu Alvarez también pidió ayuda a la Ertzaintza al sentirse amenazado por los vecinos que le increparon por haber llevado ‘nazis’ al barrio», detalla el artículo.
Pero vayamos más allá de la anécdota. Fuentes como El Salto, intentan pintar a Horus Desokupa como una banda de matones fascistas, destacando que su gerente, Rafael González Romero, tiene antecedentes por tráfico de drogas y vínculos con entornos ultras. «La empresa fue obligada a retirarse de la vivienda gracias a la movilización vecinal y la presión popular», afirman, enfatizando la «complicidad» de la Ertzaintza. Esta narrativa izquierdista ignora el fondo del problema: la okupación es un delito que arruina vidas y propiedades, y empresas como Desokupa surgen precisamente porque el Estado, bajo gobiernos progresistas, falla en proteger a los propietarios. En Bilbao, un barrio asolado por la gentrificación y los pisos turísticos, la okupación se ha convertido en una plaga que fondos de inversión y leyes laxas solo agravan.
El debate ideológico es inevitable. ¿Cómo es posible que un exetarra, símbolo del separatismo violento, recurra a una empresa tildada de «fascista» para defender su propiedad? Esta contradicción destapa la falsedad de los discursos «antifascistas»: cuando les toca el bolsillo, hasta los radicales abandonan sus principios y claman por orden.
Esta situación clama por un endurecimiento legal. Mientras la izquierda defiende la okupación como «vivienda social», los hechos demuestran que es un abuso que obliga a ciudadanos honrados a buscar soluciones extrajudiciales. Es hora de que España priorice la propiedad privada sobre el caos, reformando leyes para desalojos exprés y castigando severamente a los okupas. De lo contrario, seguiremos viendo estas tragicomedias donde hasta los exterroristas piden ayuda a la policía.
