En un nuevo giro que genera dudas sobre la imparcialidad judicial, la Fiscalía Provincial de Madrid ha rechazado la querella de la asociación Hazte Oír contra Francisco ‘Paco’ Salazar. Este exdirigente del PSOE y alto cargo en Moncloa enfrenta acusaciones de acoso sexual y delitos contra la integridad moral. La decisión plantea preguntas sobre si el sistema protege a figuras cercanas al poder.
El contexto del caso
Salazar ha sido señalado por comportamientos inadecuados hacia mujeres en su entorno laboral. La Fiscalía argumenta que no procede la investigación debido a la ausencia de denuncias directas de las víctimas. Según el escrito fiscal, «la inexistencia de denuncia de las personas agraviadas» es clave, ya que el acoso sexual requiere la iniciativa de las afectadas. Además, se añade que «no sería procedente imponerles ser identificadas contra su voluntad», como indican fuentes consultadas.
Pero esta postura invita a la reflexión: ¿se trata de una protección legal o de un encubrimiento? En medio de escándalos en el PSOE, esta resolución podría evitar exponer debilidades internas del partido en el Gobierno.
Comparación con otros casos: ¿doble rasero?
Para cuestionar esta decisión, comparemos con ejemplos similares. La Fiscalía persigue a figuras como Julio Iglesias en ciertos aspectos, incluso sin denuncias directas de víctimas. ¿Por qué esta diferencia?
En contraste, Cadena SER minimiza el asunto: «El acoso sexual no puede perseguirse sin el empuje de la víctima». Sin embargo, esta visión ignora el temor a represalias que enfrentan las víctimas en contextos políticos, como el de una militante en Almussafes que denunció internamente y sufrió consecuencias.
Este patrón sugiere que la izquierda se autoprotege, mientras acusa a la oposición de machismo. ¿Debería reformarse la ley para permitir acusaciones populares en delitos sexuales sin denuncia de víctimas? ¿O es esto un escudo esencial? La transparencia es fundamental para una justicia equitativa.
