El caso de Begoña Gómez, se tiñe de sombras cada vez más densas. Mientras la Intervención General del Estado (IGAE) destapa un posible fraude en contratos millonarios recomendados por Gómez, surge la evidencia de metadatos borrados en documentos clave y correos electrónicos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que parecen evaporados. Esto no es mera coincidencia: es un patrón que huele a encubrimiento, y que obliga a cuestionar hasta qué punto el Palacio de la Moncloa podría estar implicado en estas maniobras. ¿Casualidad o estrategia deliberada para proteger intereses personales?
Recordemos los hechos: Begoña Gómez, en su rol como directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la UCM, recomendó a empresas vinculadas a Juan Carlos Barrabés, su mentor, en adjudicaciones de Red.es por más de 10 millones de euros. Hacienda, a través de un informe demoledor de 303 páginas, concluye que estos contratos podrían constituir un «fraude de ley», con manipulaciones en las puntuaciones y una discriminación flagrante contra competidores. «Dichos documentos previos carecen de firma y sus metadatos han sido borrados, por lo que no se dispone de evidencia de que fueran realmente elaborados por las personas que figuran en dichos encabezamientos», reza el informe de la IGAE, revelando cómo se alteraron calificaciones sin justificación, incluso con instrucciones para bajar puntuaciones a rivales.
Pero el escándalo no se detiene en los contratos. Informes oficiales cifran en al menos 121 los analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil– intercambiados entre la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y funcionarios de la Complutense, muestran un uso indebido de recursos públicos. Estos mensajes, que incluyen negociaciones con empresas para financiamientos y convenios, fueron enviados desde cuentas oficiales de la UCM, pero firmados en ocasiones supuestamente por Álvarez haciéndose pasar por Gómez. Un ejemplo claro: «Te hago llegar el convenio de la Cámara de Comercio de la Cátedra de TSC para la firma», escribió supuestamente Álvarez desde la cuenta de Gómez en abril de 2022. Esto desmontaría la versión de Begoña Gómez, quien ante el juez minimizó el rol de su asesora como un mero «favor» puntual, argumentando que no hay delito en enviar correos en beneficio propio. Sin embargo, la UCO concluye que Álvarez gestionaba activamente la cátedra, usando incluso su correo personal para firmar como Gómez, lo que apunta a un conflicto de intereses.
La Complutense, por su parte, ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado que no puede acceder a estos correos del máster de Gómez, alimentando sospechas de un posible borrado deliberado. Como señala un informe de la UCO: «La UCO subraya que este último correo se envió desde la cuenta personal de Álvarez y, sin embargo, aparecía firmado por ‘Begoña Gómez'». ¿Por qué esta opacidad? No olvidemos que Red.es depende de nombramientos gubernamentales, lo que invita a debatir si estas irregularidades son aisladas o forman parte de un sistema clientelar. Mientras la izquierda defiende estas acciones como «colaboraciones habituales», desde nuestra perspectiva, esto representa el abuso de poder que erosiona la confianza en las instituciones. ¿Cómo es posible que la esposa del presidente utilice su posición para influir en adjudicaciones públicas, y que documentos clave aparezcan manipulados?. Delicadamente, uno no puede evitar mirar hacia Pedro Sánchez, cuyo gobierno nombra a los directivos de entidades como Red.es. Si su administración permite –o ignora– tales prácticas, ¿no recae en él la responsabilidad última? En un país que aspira a la ejemplaridad, este caso no solo incrimina a Gómez, sino que cuestiona la integridad del liderazgo socialista.
