En España, la memoria histórica se ha convertido en un campo de batalla más que en un ejercicio de justicia. Detrás de los discursos solemnes y las leyes de reparación, late una verdad incómoda: las familias de las víctimas del bando republicano reclaman acciones, se quejan de los procesos y están descontentos aunque deficientemente atendidos. Mientras, los asesinados y enterrados por milicianos republicanos apenas existen en el relato oficial. En este país, incluso los muertos tienen ideología.
Las familias de los represaliados por los republicanos —los azules, para entendernos— se chocan con un muro institucional y mediático. Nadie se hace cargo de su memoria. Ningún gobierno, ni de izquierda ni de centro, se atreve a tocar ese tabú. Y cuando lo hacen, enseguida se enfrentan a una maquinaria ideológica que acusa de revisionismo o de blanqueo al franquismo a quien simplemente pide dignidad para todos los muertos. La consecuencia es tan obvia como perversa: la memoria se convierte en instrumento de poder.
Las asociaciones memorialistas insisten en que el Estado ha fallado. Se denuncia un “abandono total” por parte de los sucesivos gobiernos ante el sufrimiento de quienes buscan recuperar restos, documentos y reconocimiento. Pero esta situación se agrava porque la memoria histórica, tal y como se ha impulsado oficialmente, parece asumir una lógica binaria: víctimas sí, pero solo las del franquismo. La historia se convierte así en una narrativa institucional, donde unos muertos merecen justicia y otros silencio.
Pero hay algo aún más sofisticado que el olvido: la manipulación del lenguaje. Fíjese estimado lector, que me he visto forzado a usar esta tosca expresión para hacerme entender en el párrafo anterior: “los azules, para entendernos”. Aquí la izquierda ha demostrado una habilidad que rozaría lo estratégico. Cuando se habla de las “víctimas del bando franquista”, en realidad se alude siempre a las víctimas republicanas asesinadas por el bando nacional. Sin embargo, cuando se mencionan las “víctimas del bando republicano”, de nuevo se refieren a esas mismas víctimas, republicanas, pero caídas en territorio controlado por los franquistas. Resultado: siempre hablamos de los mismos muertos y de los mismos verdugos. Un marco lingüístico perfecto para borrar a los caídos del bando nacional a manos del republicano.
Así, quienes sufrieron persecución, linchamiento o ejecución por el simple hecho de ser católicos, de derechas o no compartir la ideología dominante, no cuentan. Y si no cuentan, no existen y se invisibiliza su dolor bajo un relato monopolizado por una única perspectiva moral.
España lleva décadas atrapada en esta trampa semántica. Se legisla la memoria como si la Historia pudiera dividirse en buenos y malos, mártires y culpables, fosas legítimas y fosas incómodas. Pero la realidad no entiende de trincheras ni de dogmas: todas las víctimas son víctimas, y seguir negando eso es perpetuar la injusticia en nombre de la política. El olvido selectivo perpetúa enfrentamientos simbólicos, evita el diálogo y reduce la historia a propaganda. ¿Qué sentido tiene hablar de dignidad si se niega a una parte de las víctimas el derecho a ser encontradas y enterradas en paz?
El Estado tiene una deuda con todas las familias. España vive atrapada entre dos relatos que no terminan de reconciliarse. El gobierno se llena la boca con conceptos como “reparación” y “verdad”, mientras las cunetas, los archivos y las familias siguen esperando. La verdadera memoria histórica no debería tener color, sino humanidad. Hasta que España no asuma eso, seguiremos viviendo en ese doble silencio: el de los muertos sin nombre…
…y el de los vivos que no se atreven a nombrarlos.
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