El periodista Ignacio Escolar, ha advertido sobre una grave amenaza legal contra su medio digital elDiario.es, tras la reacción del cantante Julio Iglesias a varias informaciones publicadas por el periódico.
Según explica Escolar, la situación no es inesperada. En su opinión, cuando una información resulta incómoda para alguien con poder, aumenta la probabilidad de que los periodistas tengan que responder ante los tribunales.
El origen del conflicto
El conflicto comenzó después de que elDiario.es publicara informaciones sobre dos extrabajadoras que acusan a Julio Iglesias de agresiones sexuales. A raíz de estas publicaciones, el abogado del cantante ha presentado una demanda de conciliación contra el medio.
Este procedimiento es un paso previo obligatorio antes de presentar una querella penal por injurias y calumnias. Entre las vías legales posibles —demanda civil o querella penal— Iglesias habría optado por la segunda, lo que abre la puerta a solicitar no solo una indemnización económica, sino también penas de cárcel para los periodistas implicados.
Para evitar la querella, el cantante exige que el medio se disculpe, rectifique y reconozca errores en su trabajo periodístico. Sin embargo, Escolar asegura que elDiario.es no tiene intención de hacerlo, ya que afirma que la información publicada es correcta.
La postura de elDiario.es
Desde el medio defienden que la investigación es rigurosa, contrastada y veraz. Según explican, el trabajo comenzó hace tres años, cuando recibieron la primera pista sobre el caso.
Durante ese tiempo, los periodistas recogieron el testimonio de las dos denunciantes y realizaron múltiples entrevistas para comprobar la coherencia de sus relatos. Además, reunieron documentación, entre ella pruebas médicas relacionadas con enfermedades de transmisión sexual que, según el reportaje, las mujeres tuvieron que afrontar.
El equipo también entrevistó a más de una docena de extrabajadores y a otras personas a quienes las denunciantes habían contado previamente lo sucedido. Asimismo, contactaron con Julio Iglesias once días antes de publicar la información para ofrecerle la posibilidad de dar su versión, pero ni él ni sus abogados respondieron.
Una investigación revisada por otros periodistas
La investigación no fue realizada únicamente por elDiario.es. En 2025 se sumó a la revisión del caso el equipo de Univision en Estados Unidos.
Los periodistas Federica Naranjo, Esther Poveda y el ganador del premio Pulitzer Gerardo Reyes revisaron los detalles de la investigación y volvieron a entrevistar a las mujeres, aportando nuevas fuentes y comprobaciones al trabajo original.
Respuesta a las acusaciones de la demanda
Escolar también asegura que algunas afirmaciones incluidas en la demanda son falsas. Por ejemplo, niega que los periodistas de elDiario.es participaran en la elaboración de la denuncia presentada ante la Fiscalía, afirmando que fue una decisión tomada por las propias mujeres con el asesoramiento de sus abogadas.
También rechaza la acusación de que los testimonios difundidos correspondan a “personajes figurados” o a un montaje con actrices profesionales. Según explica, las mujeres que aparecen en los reportajes son las propias denunciantes, aunque sus voces fueron modificadas y sus nombres cambiados para proteger su identidad.
Una indemnización que podría cerrar el medio
La querella también incluye una reclamación económica que podría alcanzar los 200 millones de euros por daños y perjuicios, una cantidad que, según Escolar, supondría el cierre inmediato de elDiario.es.
El director del medio reconoce que no es la primera vez que afrontan presiones de este tipo, aunque asegura que nunca es fácil enfrentarse a ellas. “Está en juego todo lo que tenemos, todo lo que hemos construido”, señala.
A pesar de ello, afirma que confía en que los tribunales acabarán dando la razón al medio y defiende la decisión de haber publicado la investigación, asegurando que era su obligación como periodistas.
Mientras comienza un proceso judicial que se prevé largo y complejo, elDiario.es ha pedido el apoyo de sus lectores para poder afrontar los costes legales y continuar con su labor informativa.
