La fragilidad del pacto Frankenstein de Pedro Sánchez cada vez es más evidente. La Fiscalía del Tribunal Constitucional ha dado un portazo a las pretensiones de Carles Puigdemont, rechazando suspender cautelarmente la orden de detención que pesa sobre el prófugo catalán. Este firme «no» de la Justicia española desmonta el victimismo separatista, pero llega en el peor momento para Moncloa: Junts per Catalunya, liderado por el fugitivo de Waterloo, ha convocado una reunión de urgencia para dar un ultimátum al Gobierno y amenazar con romper el frágil equilibrio que mantiene a Sánchez en La Moncloa. ¿Es esto democracia o extorsión pura y dura?
El fiscal jefe ante el TC, Pedro Crespo, no ha dejado lugar a dudas en sus escritos de 14 páginas: levantar la orden de detención de Puigdemont y Toni Comín sin resolver el fondo del recurso de amparo supondría «la perturbación grave de un interés constitucionalmente protegido». Crespo argumenta que la supuesta «afectación a la libertad» alegada por el expresidente no es más que «el fruto de su propio temor a ser privado de libertad en virtud de una resolución judicial que a su vez es consecuencia de su propia conducta procesal», es decir, su huida deliberada de la Justicia tras el 1-O. «No constituye un elemento de juicio forzosamente favorable al recurrente […] el que se trate de ‘una de las figuras más emblemáticas del proceso de negociación política y jurídica en Catalunya'», remacha el fiscal, desmontando el argumento político que Puigdemont usa como escudo. Esta postura se alinea con la oposición previa a levantar la inhabilitación de Oriol Junqueras, recordándonos que la Fiscalía defiende el Estado de Derecho frente a los privilegios independentistas.
Fuentes judiciales consultadas por ABC subrayan que estimar esta medida cautelar implicaría «un pronunciamiento anticipado sobre el fondo del recurso», la impugnación de la negativa del Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación. Puigdemont, procesado en rebeldía, no puede saltarse la ley invocando su estatus de «parlamentario electo», especialmente cuando concurrió a elecciones europeas con la orden vigente. El TC, que admitió el amparo el 7 de octubre, estudiará la cautelar en pieza separada, pero el rechazo fiscal allana el camino para un varapalo que frustrará el regreso triunfal soñado por el líder de Junts.
Mientras la Justicia cierra filas, Puigdemont contraataca desde Bruselas con un órdago que huele a desesperación. Ha convocado una «permanente de dirección» de Junts este domingo en la capital belga para plantear la ruptura inminente con el Gobierno y el PSOE, según confirman fuentes internas del partido a El Confidencial. El detonante: la falta de avances en competencias clave como inmigración, oficialidad del catalán o financiación autonómica. «Habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar de la hora del cambio», espetó la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, este miércoles en la sesión de control al Gobierno, en una clara advertencia a Sánchez. Fuentes de la formación independentista insisten: si no hay concesiones concretas, Junts romperá el pacto, pero no derribará al Ejecutivo –porque no puede–, sino que vaciará la legislatura de contenido, bloqueando leyes y presupuestos.
Este no es un farol. Históricamente, Junts ha convertido el apoyo a Sánchez en un chantaje perpetuo: en julio, exigieron que el presidente «peregrine» a Bruselas para negociar presupuestos 2026, como detalla Periodista Digital; en abril, condicionaron su respaldo a la cesión total de tributos a la Generalitat; y en mayo, amenazaron con retirar el apoyo si el PSOE no facilitaba la investidura de Puigdemont en Cataluña, según El Mundo. Ahora, con el TC en contra, el fugitivo eleva la apuesta: una ejecutiva en Perpiñán el lunes, con Puigdemont presencial, ratificará la decisión. Sánchez, por su parte, pide «tiempo», pero su sumisión crónica al separatismo solo alimenta el monstruo. ¿Hasta cuándo España tolerará que un prófugo dicte la agenda nacional?
Se frena el retorno impune de Puigdemont, pero se acelera el ultimátum de Junts: ruptura o concesiones. Sánchez, acorralado, debe elegir entre la dignidad de España o la comodidad de Moncloa. El Estado de Derecho prevalece, pero la paciencia nacional se agota.
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