En una decisión que atenta directamente contra los principios fundamentales de la dignidad humana, el Consejo de Estado ha votado a favor de incluir el aborto en la Constitución española, en una reñida contienda que revela las fisuras en el sistema. Esta medida no es más que un paso hacia la consolidación de la cultura de la muerte promovida por el izquierdismo radical. Pero, ¿a cuento de qué se ponen a hablar de este tema? ¿Otra cortina de humo? Cuando no es el emérito, es el 23F, sino los Therian y ahora un tema tan sensible para la derecha.
La votación
El máximo órgano consultivo del Gobierno, presidido por figuras alineadas con el progresismo, ha respaldado el dictamen de la exministra socialista María Luisa Carcedo, aunque con modificaciones que no ocultan el fondo ideológico. Con 16 votos a favor y solo 4 en contra, el informe avala insertar el aborto en el artículo 43 de la Carta Magna, relacionado con la protección de la salud. Sin embargo, esta elección del artículo 43 es un fraude constitucional evidente, ya que evita el procedimiento agravado requerido para derechos fundamentales, como el artículo 15 que protege el derecho a la vida.
Según fuentes conservadoras, «el Consejo de Estado tumba la propaganda del Gobierno: blindar el aborto exigiría disolver las Cortes», argumentando que el Tribunal Constitucional ya avaló leyes previas, haciendo innecesaria esta maniobra. El PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, celebra esta «transformación» como un avance, pero en realidad es un cálculo político para distraer de sus fracasos económicos y sociales.
Notables como Miguel Herrero de Miñón, padre de la Constitución, dieron un giro radical votando en contra, calificando el texto como un «fraude constitucional» imposible de implementar. A él se unieron figuras como Benigno Pendás García y José María Michavila Núñez, exponiendo la división interna.
El clamor Pro-Vida
La reacción de las organizaciones pro-vida no se ha hecho esperar, denunciando esta decisión como un atentado contra la dignidad humana. La Fundación NEOS ha declarado: «Es un fraude de ley y un atentado contra la dignidad humana; el aborto no puede ser un derecho constitucional. La vida prevalecerá frente a la cultura de la muerte».
Por su parte, la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad afirma: «Blindar el aborto en la Constitución no amplía derechos: consagra la exclusión del más vulnerable. La Constitución nació para proteger, no para jerarquizar vidas». Estas voces representan el verdadero pulso de una España que rechaza la ideología de muerte impuesta por la izquierda. En contraste, medios progresistas como El País celebran el aval con cambios, ignorando que «el órgano propone una nueva fórmula jurídica pero admite incluir el derecho en el artículo 43».
¿Cortina de humo o ataque calculado?
Esta iniciativa surge en un momento sospechoso, cuando el Gobierno socialista enfrenta escándalos y crisis. El PSOE utiliza el aborto para desviar la atención de sus políticas fallidas, como la inflación descontrolada, la corrupción, la crisis de la vivienda o la inmigración ilegal. Fuentes como El Confidencial advierten: «Para blindar el aborto en la Constitución debe convocar elecciones», exponiendo que la vía elegida es un «atajo inaceptable» que esquiva el debate real.
El PP, supuestamente conservador, se muestra tibio, permitiendo que Vox sea la única fuerza que defienda sin ambages el derecho a la vida. Mientras el PSOE impone su agenda radical, el PP traiciona sus raíces al no oponerse con firmeza, alineándose de facto con la izquierda en temas clave.
¿Derecho o asesinato?
Para argumentar contra esta reforma, recurrimos a opiniones conservadoras que desmontan el relato progresista. ABC.es señala: «La vía es el artículo 15, que implica disolver las Cortes, convocar elecciones y celebrar un referéndum». Incluir el aborto en el artículo 43 no es blindaje, sino ingeniería social para perpetuar la exclusión del no nacido.
ForumLibertas.com concluye: «El aborto no es derecho fundamental en la Constitución española. El nasciturus es un bien constitucional protegido». Esta perspectiva choca con la visión izquierdista que ve un «respaldo jurídico clave». El verdadero debate radica en priorizar la vida sobre las ideologías, algo que Vox defiende con coherencia frente a la hipocresía del bipartidismo PP-PSOE.
