La reciente aprobación del real decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes ha destapado una caja de Pandora que amenaza con desbordar las instituciones españolas. Aunque el Ministerio de Inclusión insiste en la cifra oficial de 500.000 beneficiarios, la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) lanza una advertencia demoledora: el efecto llamada y la reagrupación familiar podrían elevar el número real a más de 2 millones de personas.
Esta medida, que recuerda a la nefasta gestión de 2005, no solo satura los consulados, sino que ignora la capacidad de absorción de una España ya castigada por políticas globalistas. Como señala el presidente de la ADE, esta carga de trabajo adicional es inasumible y evidencia que estamos ante una cesión ideológica frente a la presión migratoria, orquestada por un Ejecutivo que desprecia la soberanía nacional y la seguridad de sus ciudadanos.
El informe policial que el Ejecutivo ignora: fraude y descontrol en fronteras
Mientras el Gobierno vende "derechos", la Comisaría General de Extranjería advierte de los riesgos críticos de este proceso. Un informe de la Comisaría General de Extranjería revela la vulnerabilidad del sistema: "el extranjero, habiendo recibido un certificado desfavorable, puede negar haberlo recibido", facilitando así su permanencia ilegal mediante el engaño administrativo. Este caos documental se suma a la preocupante cifra de 1,5 millones de inmigrantes que entraron por vía aérea en 2025, según datos de Fronteras de la Policía Nacional y la Comisaría General de Extranjería.
El control en los aeropuertos se ha vuelto inexistente, permitiendo que el 65% de los irregulares utilicen la T4 como una alfombra roja. La connivencia del Gobierno, permite que el fraude se convierta en la norma para obtener permisos de residencia de un año.
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La traición a los trabajadores españoles y el auge de la economía sumergida
El objetivo declarado de reducir la economía sumergida es, en realidad, una estrategia para precarizar el mercado laboral y asegurar una base electoral. Al permitir que cualquier persona que residiera antes de diciembre de 2025 acceda a papeles, se premia la ilegalidad. Una maniobra que ignora que los recursos públicos son finitos. El coladero de la ley de género: Mafias y denuncias falsas para regularizar ilegales
La falta de antecedentes penales es un requisito que, en la práctica, resulta imposible de verificar con rigor en países de origen con instituciones fallidas. El Gobierno socialista regulariza a un VIOLAD0R magrebí . Esta "amnistía migratoria" es el golpe final a una España que necesita fronteras seguras y una defensa férrea de sus valores, lejos de los dictados de las élites de Bruselas y el consenso socialdemócrata que PP y PSOE comparten sin pudor.
