El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido remitir al promotor de la acción disciplinaria el auto del juez Juan Carlos Peinado para evaluar si sus advertencias sobre un posible riesgo de fuga de Begoña Gómez constituyen una falta grave. Esta decisión, tomada con el voto de calidad de la presidenta Isabel Perelló, pone en el punto de mira a un magistrado que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de corrupción.
En un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, este movimiento del CGPJ evidencia cómo las instituciones controladas presuntamente por mayorías progresistas priorizan proteger la imagen del Gobierno frente a la independencia judicial. «No cabe duda» que los agentes de escolta podrían, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», colaborar en facilitar una fuga, según el párrafo del auto que ha generado la polémica.
El auto del juez Peinado y las advertencias ignoradas
El magistrado Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez, dictó un auto el pasado sábado en el que abre juicio oral por varios delitos y adopta medidas cautelares como la retirada del pasaporte. En él, responde a los argumentos de la defensa, que destacaba la escolta policial como factor que reduce el riesgo de fuga. Peinado contrapone esta visión recordando que esos mismos agentes podrían ser quienes colaboren en acciones para facilitar la huida.
Esta reflexión, lejos de ser gratuita, forma parte de una argumentación judicial destinada a justificar medidas proporcionales ante la gravedad de los hechos investigados. Sin embargo, ha provocado una reacción inmediata del Ministerio del Interior y de sectores afines al PSOE, que ven en ella un ataque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La decisión del CGPJ de abrir la puerta a un expediente disciplinario no solo cuestiona la libertad de expresión del juez en su resolución, sino que plantea serias dudas sobre la verdadera independencia del órgano de gobierno de los jueces. Vocales han emitido un voto particular en el que denuncian que esta actuación supondría «inmiscuirse ilegítimamente» en competencias de la Audiencia Provincial de Madrid y afectaría a principios constitucionales de exclusividad jurisdiccional e independencia judicial.
Esta controversia se enmarca en un patrón recurrente donde cualquier decisión judicial incómoda para el Gobierno es contestada con presión institucional.
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La división en el CGPJ y el rol de Isabel Perelló
La Comisión Permanente del CGPJ se reunió de forma extraordinaria y quedó dividida. La presidenta Isabel Perelló, con su voto de calidad, inclinó la balanza a favor de remitir el caso al promotor Ricardo Conde para que valore si las expresiones del juez Peinado encajan en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta norma sanciona el «exceso o abuso de autoridad» o «falta grave de consideración» respecto a instituciones y funcionarios.
Los cuatro vocales conservadores se opusieron rotundamente. En su voto particular, firmado por magistrados como Eduardo Martínez Mediavilla o Carlos Orga Larrés, argumentan que el CGPJ no debe interferir en esta fase, reservada a los recursos ante la Audiencia.
«Cualquier actuación del CGPJ sobre este particular supondría inmiscuirse ilegítimamente», sostienen, defendiendo la autonomía del juez instructor. Esta fractura interna refleja la politización del CGPJ, un órgano cuya renovación lleva años bloqueada y que, en su actual configuración, tiende a alinearse con sensibilidades progresistas.
Frente a esto, la derecha y sectores judiciales independientes exigen que prevalezca la defensa de la separación de poderes. Permitir que el Ejecutivo, a través de sus influencias, condicione la actuación de los jueces solo profundiza la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones.
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Implicaciones para la independencia judicial y el caso Begoña Gómez
El expediente potencial contra Peinado llega en un momento clave: Begoña Gómez deberá entregar su pasaporte este miércoles y comparecer periódicamente. El juez ha abierto juicio oral por presuntos delitos que incluyen tráfico de influencias y corrupción, relacionados con su actividad en la universidad y presuntos favores a empresas.
Esta medida disciplinaria no solo busca amedrentar al instructor, sino que envía un mensaje claro a todo el colectivo judicial: investigar a figuras cercanas al poder conllevaría riesgos. Los sindicatos policiales han criticado duramente las afirmaciones del auto, calificándolas de «barbaridad», pero el fondo del debate es otro: ¿puede un juez argumentar libremente sobre riesgos reales sin ser sancionado?
La frase clave del auto —que los escoltas «sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga»— ha sido sacada de contexto por el Gobierno y sus aliados para victimizarse, mientras se ignora el núcleo de la investigación contra Gómez.
Este episodio refuerza la necesidad de una reforma profunda del CGPJ que garantice su despolitización. Mientras el PSOE y sus socios presuntamente mantengan el control, casos como este seguirán mostrando cómo se utiliza el órgano para presionar a jueces incómodos. La independencia judicial no es un lujo, sino un pilar constitucional que debe defenderse con firmeza frente a cualquier intento de subordinación al poder ejecutivo.
En definitiva, la decisión del CGPJ no resuelve dudas sobre la imparcialidad, sino que las multiplica. La sociedad española merece un Poder Judicial libre de presiones políticas, capaz de investigar sin miedo a represalias, especialmente cuando los implicados ocupan los más altos despachos del Gobierno.
Las posibles sanciones
Según la normativa del Poder Judicial, el procedimiento solo permite calificar los hechos como falta grave —no muy grave—, lo que conllevaría en su caso una multa de entre 501 y 6.000 euros como sanción máxima.
