El juez Juan Carlos Peinado debe decidir en breve si impone medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país a la esposa del presidente del Gobierno, antes de abrir juicio oral. Begoña Gómez se enfrenta a un momento crítico en la causa judicial que la señala por graves irregularidades. Esta situación pone de manifiesto las tensiones en un procedimiento que cuestiona el uso de influencias institucionales y la gestión de recursos públicos.
La audiencia preliminar celebrada recientemente ha intensificado el escrutinio sobre las actuaciones de Begoña Gómez, acusada de cuatro delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Las partes enfrentadas muestran posturas radicalmente opuestas, con acusaciones populares exigiendo responsabilidad y la Fiscalía insistiendo en el archivo.
Riesgo de fuga y medidas cautelares solicitadas
La acusación popular, representada por la asociación Hazte Oír, ha pedido expresamente al juez Peinado que retire el pasaporte a Begoña Gómez y le prohíba abandonar el territorio nacional, argumentando un claro «riesgo de fuga» ante las elevadas penas que se solicitan. Según fuentes jurídicas, estas medidas también incluirían comparecencias quincenales en el juzgado y restricciones económicas sobre sus participaciones societarias, marcas registradas y dominio web relacionado con la investigación.
«Existe un riesgo real de fuga dada la gravedad de los hechos», han subrayado desde la acusación popular, que reclama 24 años de prisión para Gómez, 22 años para su asesora Cristina Álvarez y 6 años para el empresario Juan Carlos Barrabés. Estas peticiones contrastan con la posición de la Fiscalía, que vuelve a solicitar el archivo del caso, y la defensa, que habla de «mala fe» por parte de los querellantes y reclama la absolución inmediata.
El magistrado Peinado, que ya ha procesado a los tres encausados para que sean juzgados por jurado popular, advirtió en la citación de la audiencia preliminar sobre la posibilidad de adoptar «alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo de fuga«. La decisión debe llegar en los próximos tres días, en un plazo legal para resoluciones que afectan derechos fundamentales.
Esta solicitud de medidas cautelares no es un capricho procesal, sino una respuesta lógica a la posición institucional de la investigada y al peso de las pruebas acumuladas durante la instrucción. Mientras la izquierda institucional minimiza los hechos, sectores independientes exigen que la Justicia actúe con firmeza para restaurar la confianza en las instituciones.
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La Universidad Complutense exige juicio oral contra Begoña Gómez
En un giro relevante, la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que ejerce la acusación particular como perjudicada directa por el supuesto uso irregular del software académico, ha solicitado formalmente la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez. Esta petición se mantiene pendiente precisamente de la resolución sobre la retirada del pasaporte y otras cautelares.
Begoña Gómez compareció en los juzgados de Plaza de Castilla accediendo por el garaje para evitar el escrutinio mediático, vestida con traje chaqueta negro y semblante serio. Su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés también acudieron, aunque este último abandonó antes del final por indisposición.
El juez Peinado cerró la instrucción en un auto de 39 folios donde destaca cómo Gómez se habría aprovechado de su «posición institucional» como esposa del presidente del Ejecutivo para impulsar su carrera y ejercer influencia, incluyendo reuniones en el Palacio de La Moncloa. Este análisis confronta directamente con la narrativa de inocencia promovida por el entorno gubernamental.
La Universidad Complutense, como institución afectada, refuerza con su posición la seriedad de las irregularidades detectadas en la cátedra y el máster vinculado a Barrabés. Es un ejemplo más de cómo las élites de izquierda priorizan intereses particulares por encima del bien común y el respeto a las normas académicas y públicas.
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Implicaciones políticas y un juicio en el horizonte incierto
El posible juicio con jurado popular contra Begoña Gómez no se celebraría antes de un año y medio, lo que lo situaría en plena próxima legislatura, tras las elecciones generales previstas para julio de 2027. La Audiencia Provincial de Madrid aún debe resolver los recursos presentados por Fiscalía y defensa contra la decisión de Peinado de optar por jurado popular.
Esta dilación genera inquietud entre quienes defienden la igualdad ante la ley. Mientras el Gobierno y sus aliados en medios y Fiscalía intentan frenar el avance del procedimiento, la acusación popular mantiene el pulso judicial para que los hechos salgan a la luz sin interferencias políticas.
«Los hechos investigados no son constitutivos de delito alguno», ha defendido el abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho. Sin embargo, el propio instructor ha puesto el foco en el abuso de posición y las reuniones en Moncloa, elementos que dificultan la tesis de la defensa.
Este caso no es aislado, sino parte de un patrón preocupante donde cargos vinculados al poder esquivan el escrutinio que se aplicaría a cualquier ciudadano común. La confrontación entre la exigencia de responsabilidad y los intentos de protección política evidencia la necesidad de una Justicia independiente que no se someta a presiones del Ejecutivo.
En resumen, el juez Peinado tiene en sus manos reforzar la credibilidad del sistema judicial imponiendo las medidas cautelares oportunas contra Begoña Gómez. La retirada del pasaporte no es un exceso, sino una garantía mínima ante el riesgo evidente y la gravedad de las acusaciones. España merece respuestas claras y no más escudos políticos.
