Hoy, 20 de abril de 2026, María Jesús Montero, exvicepresidenta del Gobierno y hasta hace poco ministra de Hacienda, comparece desde las 11:00 horas en el Senado. Debe rendir cuentas ante la comisión que investiga la gestión de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), organismo que dependía directamente de su ministerio. Esta citación llega en plena precampaña de las elecciones andaluzas, donde Montero aspira a presidir la Junta como candidata del PSOE, en un momento en que las encuestas le auguran resultados muy desfavorables.
La SEPI convertida en instrumento de opacidad y sospechas
Bajo la responsabilidad política de Montero, la SEPI gestionó miles de millones en fondos públicos, especialmente a través del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Sin embargo, varias operaciones han generado graves dudas. Se concedieron rescates millonarios a compañías como Air Europa —que debía casi 59 millones a Hacienda— y Plus Ultra, pese a informes económicos sin firmar y divisiones en los pagos que evitaban revisiones europeas.
El PP ha denunciado que la entidad se utilizó para favorecer a ciertos grupos, con contratos adjudicados de forma cuestionable y empresas participadas bajo investigación por malversación y amaños. «La SEPI se ha convertido en el centro de operaciones de la corrupción sanchista», según fuentes populares. Además, se contrató a personas como Leire Díez y se vincularon operaciones con Servinabar, empresa relacionada con Santos Cerdán.
Estas prácticas no solo despilfarran recursos públicos, sino que erosionan la confianza en las instituciones. Mientras autónomos y pequeñas empresas sufrían sin ayudas durante la pandemia, fondos estatales fluían hacia operaciones controvertidas.
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Un historial de escándalos y recolocaciones
La comparecencia no ocurre en el vacío. Durante el mandato de Montero al frente de Hacienda, la SEPI vio cómo su expresidente, Vicente Fernández Guerrero —hombre de su confianza—, acabó imputado y detenido en tramas de contratos amañados. Posteriormente, fue recolocado en Servinabar. La entidad duplicó sus pérdidas desde la llegada de Sánchez al poder, alcanzando los 501 millones en 2024, un 118% más que en 2017, mientras el volumen de negocio crecía pero la eficiencia caía.
«Nunca antes una vicepresidenta había estado tan rodeada de corruptos y de corrupción», han señalado voces de la oposición. Montero dejó el Gobierno hace semanas entre polémicas, y ahora enfrenta este examen parlamentario justo cuando busca liderar Andalucía. El PSOE recurrió la citación ante la Junta Electoral, pero esta la mantuvo, confirmando que no se trata de un mero trámite.
Esta situación refleja un patrón más amplio del PSOE: utilizar entes públicos como agencias de colocación y canales de influencia, en detrimento del interés general.
El polémico comentario de Jorge Azcón sobre Montero
¿Transparencia o maniobra electoral? El debate abierto
Montero ha calificado la citación de «electoralismo», pero el PP recuerda que el plan de trabajo de la comisión se presentó hace meses, antes de la convocatoria andaluza, y que ella misma se comprometió a comparecer «las veces que hiciera falta».
La izquierda intenta victimizarse, pero los hechos son tozudos: pérdidas crecientes, tramas judiciales, y una SEPI que acumula sospechas de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Frente a esto, la oposición de las derechas Vox y PP, defienden la necesidad de fiscalizar el uso del dinero de todos los españoles, mientras el PSOE y sus socios priorizan la supervivencia política sobre la rendición de cuentas.
En definitiva, esta comparecencia pone de manifiesto el fracaso de una gestión que ha convertido instituciones estatales en cajas negras al servicio del poder. Los ciudadanos merecen saber si sus impuestos financiaron favores en lugar de soluciones reales.
