El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, han coincidido en una verdad incómoda: España no puede –o no quiere– cumplir con el ambicioso objetivo de gasto militar del 5% del PIB, dejando al descubierto las fisuras de un país que prioriza el gasto social sobre la defensa colectiva. Esta postura, firmemente defendida por el Gobierno de Pedro Sánchez, no solo genera fricciones diplomáticas, sino que amenaza con represalias económicas que podrían costar miles de millones a la economía española.
La controversia estalló tras la cumbre de La Haya en junio de 2025, donde los 32 aliados acordaron elevar el gasto en defensa del 2% al 5% del PIB para 2035 –un 3,5% en necesidades básicas y un 1,5% adicional en infraestructura militar–. Trump, fiel a su estilo directo, celebró el pacto como una «victoria histórica» que ha inyectado 700.000 millones de dólares extras a la OTAN desde 2017. Sin embargo, España firmó con una cláusula de escape, comprometiéndose solo al 2,1% del PIB, argumentando que basta para cubrir sus «objetivos de capacidades». Rutte, en una carta interpretativa, avaló esta flexibilidad, pero en declaraciones recientes desde Washington ha sido tajante: «España no puede cumplir los objetivos de capacidad exigidos por la Alianza invirtiendo menos del 3,5% del PIB», ha afirmado el neerlandés, alineándose implícitamente con la presión trumpista.
Trump no se ha mordido la lengua. En el Despacho Oval, junto a Rutte, el magnate neoyorquino ha arremetido: «España no juega en equipo», declarando que «todos los demás aliados acordaron aumentar su gasto en defensa al 5%, España fue el único país que se negó». Ha ido más allá, sugiriendo incluso la expulsión de España de la OTAN durante una reunión con el presidente finlandés Alexander Stubb: «Quizás deberíais expulsarlos de la OTAN». Y no son palabras vacías: Trump ha amenazado con «hacerles pagar el doble» mediante aranceles comerciales, recordando que «la postura de España es injusta con la OTAN». Fuentes de la Casa Blanca advierten que se están considerando «consecuencias económicas», en un contexto donde España ya figura como el miembro con menor contribución relativa –apenas 1,28% del PIB en 2024, pese a ser el décimo mayor aportante absoluto gracias a su PIB elevado–.
Desde el otro lado del Atlántico, el Gobierno español se atrinchera en su narrativa. Pedro Sánchez insiste en que con 30.000 millones de euros anuales –equivalentes al 2,1%– se satisfacen las demandas de capacidades de la OTAN, y que el 5% sería «innecesario y politizado». El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha recordado que cualquier arancel unilateral de EE.UU. chocaría con la UE, que negocia en bloque. Pero esta defensa suena a excusa ante el consenso aliado: países como Alemania y Dinamarca han elevado sus compromisos, aliviando la carga estadounidense, mientras España parece apostar por un «genio» cálculo presupuestario que ignora la amenaza rusa –»un misil ruso solo tardaría 10 minutos más en llegar a España», ha advertido Rutte en otra ocasión–.
En última instancia, la coincidencia entre Trump y Rutte expone la hipocresía del Gobierno español: firmar acuerdos y luego evadirlos erosiona la confianza en la OTAN. Madrid arriesga no solo aranceles –que podrían golpear exportaciones clave como el vino y el aceite–, sino su credibilidad global. Es hora de que Sánchez elija: ¿priorizar el bienestar interno o la solidaridad atlántica? Europa no puede permitirse eslabones débiles cuando la sombra de Moscú se alarga.
