Asombrados de nuevo con las últimas novedades que exponen una vez más las entrañas podridas del poder socialista, una segunda mujer ha salido a la luz afirmando ser víctima de abusos similares por parte de José Ángel González, el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, mano derecha de Fernando Grande-Marlaska.
Esta revelación no solo amplifica la gravedad de las acusaciones iniciales de presunta agresión sexual, sino que cuestiona la integridad de un ministro que, en lugar de purgar la corrupción, recompensa a los presuntos implicados en el encubrimiento.
Las acusaciones contra el ex-DAO
La primera denuncia, admitida a trámite por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, detalla una presunta agresión sexual con penetración ocurrida el 23 de abril de 2025 en la vivienda oficial del ahora exDAO.
La víctima, una inspectora subordinada, describe cómo González la intimidó con su cargo: “Oye, que soy el DAO”, generando un ambiente de terror.
Según la querella, el ex-DAO no solo cometió la violación, sino que involucró coacciones, lesiones psíquicas y malversación, todo respaldado por audios y mensajes que pintan un cuadro de abuso de poder flagrante.
Pero ahora, el abogado Jorge Piedrafita, representante de la primera denunciante y fundador de la asociación Adive, confirma que una segunda mujer que es vigilante de seguridad, ha contactado con él por presuntamente, haber sido víctima de acoso laboral del exdirector Adjunto Operativo.
El sistema de encubrimiento orquestado
Este escándalo no se detiene en las acusaciones personales; revela un sistema de encubrimiento orquestado desde lo alto.
Marlaska, quien asegura haber conocido la denuncia solo a las seis de la tarde del día en que estalló el caso, ha sido acusado de perpetuar a González en su puesto mediante una reforma legal colada en un decreto de ayudas por la DANA, evitando su jubilación forzosa a los 65 años.
De forma paralela al proceso judicial, la gestión política de Fernando Grande-Marlaska ha generado una honda indignación en los sindicatos policiales y la opinión pública. El Ministerio ha oficializado el nombramiento del comisario Óscar San Juan, mano derecha de González que, presuntamente, presionó y trató de coaccionar a la primera víctima para que no denunciara al DAO y que para silenciarla le ofreció “destinos laborales a elección”.
Este mando no solo no ha sido apartado de sus funciones preventivamente, sino que ha sido colocado como alto cargo en la Comisaría General de Policía Científica, una unidad de élite encargada, irónicamente, de la custodia y análisis de pruebas biológicas y criminalísticas.
Este ascenso, con un sueldo superior a 60.000 euros anuales, huele a recompensa por lealtad ciega, no a justicia.
La defensa del Gobierno y sus contradicciones
Desde el Gobierno, Pedro Sánchez defiende a Marlaska con uñas y dientes, argumentando que actuó “con contundencia” al exigir la dimisión inmediata del DAO una vez conocido el caso. María Jesús Montero refuerza esta narrativa: “No lo pensó un minuto. Pidió la dimisión del DAO”. Pero esta defensa se desmorona ante las evidencias.
Hipocresía feminista
El debate ideológico es inevitable: mientras el PSOE se erige como paladín del feminismo, sus acciones revelan hipocresía. ¿Por qué Marlaska, autoproclamado defensor de las víctimas, premia a presuntos encubridores en lugar de depurar el cuerpo?
Fuentes opositoras exigen su dimisión, argumentando que el ministro ha cruzado “todas las líneas rojas”.
Este caso no es aislado; González ya fue detenido en 2002 por sacar un arma en un prostíbulo, pero se tapó. Sin embargo, bajo Marlaska, el blindaje ha sido sistemático, prorrogando carreras y ascendiendo a cuestionados. ¿Puede un ministro que elogia a un acusado como “indiscutido por la Policía” mantener la credibilidad?.
La respuesta es no. Este escándalo mayúsculo exige dimisiones y una purga real, no más cortinas de humo socialista.
