El Gobierno socialista pretende vender su nuevo sistema de cotización para autónomos como un avance hacia la justicia social y la sostenibilidad de las pensiones. Nada más lejos de la realidad. Este esquema, basado en rendimientos netos y con subidas drásticas para los tramos superiores, no es más que un atraco fiscal disfrazado que penaliza el esfuerzo y el éxito individual, golpeando especialmente a la clase media emprendedora que sostiene la economía real de España. Mientras se jactan de reducir cuotas para los ingresos bajos –una migaja que apenas compensa la inflación galopante–, los autónomos con rendimientos superiores a 1.700 euros mensuales enfrentan incrementos que pueden superar los 970 euros anuales, un castigo directo a quienes generan riqueza y empleo.
El Ejecutivo, liderado por Pedro Sánchez, argumenta que este modelo acerca las cotizaciones a los «ingresos reales» y fortalece el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que eleva la cotización total al 31,4% en 2025. Pero, ¿equidad para quién? Los autónomos de ingresos altos, que ya soportan una doble tributación vía IRPF e IVA, ahora ven cómo sus cuotas mínimas se disparan entre 30 y 90 euros mensuales, un incremento que podría llevarse por delante a la clase media. Esta medida no solo desincentiva el emprendimiento, sino que agrava la precariedad en un colectivo que ya paga cuotas fijas incluso sin facturar, sin paro real ni vacaciones pagadas.
Esta ofensiva fiscal no es aislada. En 2025, los autónomos pagarán colectivamente 1.000 millones de euros más en cotizaciones, un golpe que afectará especialmente a sectores como la hostelería, donde encontrar personal ya es «complicado» debido a la carga regulatoria acumulada. «Los autónomos pagarán 1.000 millones de euros más en cotizaciones en 2025, pero afectará más a este sector: ‘Es complicado encontrar personal'». Este incremento, sumado al MEI que sube al 0,8%, no garantiza pensiones dignas, sino que engorda un sistema público ineficiente que premia la dependencia estatal sobre la iniciativa privada.
Críticas desde el sector no se hacen esperar. Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha denunciado que estas subidas podrían alcanzar los 2.500 euros anuales para miles de autónomos, un «nuevo palo» que ignora la realidad de un colectivo apaleado por el fisco. Se califica directamente como «nuevo palo a los autónomos: el Gobierno vuelve a subir las cotizaciones sociales». Incluso analistas independientes advierten: «El Gobierno ha destrozado a los autónomos y ahora va a por los mutualistas… Ha disparado las cotizaciones».
¿Y qué hay de la tarifa plana? Mantenida en 80 euros para nuevos autónomos, parece un caramelo envenenado: solo se extiende si los rendimientos no superan el SMI, perpetuando la precariedad en lugar de fomentar el crecimiento. ¿Por qué castigar a quienes triunfan en lugar de aligerar la burocracia y reducir impuestos generales? La visión progresista ignora que el verdadero motor económico son los emprendedores, no el Estado omnipresente.
El proceso de regularización para 2024, con devoluciones automáticas para sobrepagos pero notificaciones para ajustes al alza, añade incertidumbre y posibles aplazamientos que no resuelven el fondo: un sistema que desincentiva el riesgo empresarial. Mientras el Gobierno habla de sostenibilidad, la realidad es que España no es país para autónomos que pagan 1.000 millones de euros más en cotizaciones desde 2023′.
En definitiva, este modelo no acerca a la equidad, sino que profundiza la brecha entre un Estado voraz y una sociedad civil asfixiada. Es hora de reclamar reformas que premien el mérito, reduzcan cargas y fomenten la libertad económica.
