La corrupción no es un accidente en el Gobierno socialista: es su modo de operar. Mientras María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, presume de rigor fiscal y sube impuestos a los españoles, su antiguo hombre de máxima confianza se encuentra en el centro de una investigación por cohecho que ya ha llegado a los domicilios particulares.
El pasado 11 de febrero, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entraron en la vivienda de José Antonio Marco Sanjuán, ex presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) y conocido como el ‘tres’ de Montero. El registro, autorizado por la magistrada Inmaculada Lova del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, se produjo tras la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Marco Sanjuán y otras 15 personas por presunto delito de cohecho.
“Me tienes que dar porque los demás ya han cobrado todos”. Ese es uno de los mensajes que, según las investigaciones, enviaba el propio Marco Sanjuán a un empresario a cambio de anular sanciones millonarias en el TEAC. Pagos en metálico, encuentros en cafeterías con cambios de ubicación para evitar miradas indiscretas y resoluciones que nada tenían que ver con criterios técnicos. Así funcionaba, presuntamente, la maquinaria.
De las investigaciones de El Debate a la acción judicial
Todo empezó con las exclusivas publicadas por El Debate. En junio de 2025, El Debate ya revelaba cómo un empresario había admitido pagar 100.000 euros en metálico a cambio de archivar un pleito fiscal. Nueve meses de investigación bajo secreto han dado ahora sus frutos: la querella formal de Anticorrupción y el registro domiciliario en una urbanización de alto standing en Valladolid, donde los agentes se incautaron de dispositivos electrónicos, soportes de almacenamiento y abundante documentación en papel.
Montero defiende a su hombre y el PSOE calla
Lejos de pedir explicaciones o tomar distancia, María Jesús Montero salió en defensa de su ex colaborador, calificando las informaciones de “mentiras y fango”. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, negó en sede parlamentaria cualquier indicio de irregularidades. Mientras tanto, la oposición reclama responsabilidades.
Desde Vox, la coordinadora jurídica Marta Castro lo ha resumido con claridad: “Lamentablemente, las zarpas del PSOE llegan a quebrar todas las instituciones. Cosas como estas erosionan gravemente la credibilidad del sistema fiscal”.
El PP, por su parte, recuerda el pasado andaluz de Montero: “María Jesús Montero dejó Andalucía rodeada por la corrupción… y vuelve rodeada por la corrupción”, señaló Elías Bendodo.
Un patrón que se repite: corrupción socialista sin consecuencias
Este caso no es aislado. Forma parte de un largo historial en el que el PSOE utiliza las instituciones públicas como cortijo particular. Mientras los españoles aprietan el cinturón ante la presión fiscal más alta de la democracia, un alto cargo presuntamente cobraba comisiones por “arreglar” expedientes de grandes contribuyentes. ¿Dónde queda la igualdad ante la ley? ¿Dónde la justicia fiscal que tanto predica la izquierda?
La izquierda nacional e internacional siempre encuentra excusas para sus corruptos: “fango”, “lawfare” o “persecución política”. Pero los hechos son tozudos: registro policial, querella de Anticorrupción y pruebas documentales. La pregunta que todo ciudadano honrado debe hacerse es evidente: ¿hasta dónde llega la podredumbre en el Ministerio de Hacienda?
Es hora de regeneración real. No de parches ni de pactos entre partidos del régimen. La corrupción en las instituciones fiscales ataca directamente al bolsillo de los españoles y a la confianza en el Estado de Derecho. Exigir dimisiones, investigaciones exhaustivas y, en su caso, condenas ejemplares no es “derechismo”: es sentido común y defensa de la democracia.
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