En un nuevo episodio de evasión de responsabilidades que ya se ha convertido en marca de la casa del Gobierno socialista, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido en el Congreso para explicar el caos ferroviario que azota España, con accidentes mortales en Adamuz y Gelida que han dejado 47 fallecidos y más de 150 heridos. En lugar de asumir su rol como responsable político, Puente ha optado por el camino fácil: culpar al cambio climático y a los gobiernos anteriores del PP de un supuesto «déficit de inversión» de 30.000 millones de euros. Pero, ¿Quién se cree este nuevo intento desesperado de desviar la atención de su propia incompetencia?
Factores climáticos y falta de inversión
Puente afirmó en su comparecencia que «no es que a partir de 2012 se invierta menos, es que la inversión desaparece por completo», refiriéndose a la era Rajoy, y añadió que «una red ferroviaria no es una tetera, no se arregla en dos días». Introdujo el cambio climático como factor clave, especialmente en los descarrilamientos provocados por temporales, asegurando que «es una consecuencia directa del cambio climático que estamos viviendo» y que estos fenómenos «han venido para quedarse». Sin embargo, esta excusa climática suena a chiste de mal gusto cuando recordamos que regiones como Galicia enfrentan lluvias intensas habitualmente sin colapsos similares. ¿Acaso el clima discrimina por comunidades autónomas según el color político del Gobierno? Esta retórica no resiste el escrutinio.
Contrastemos con la realidad: bajo el actual Ejecutivo socialista, el mantenimiento real por kilómetro de vía es ridículamente bajo, ajustado por inflación y el aumento del tráfico. Fuentes como Vozpópuli destacan que Puente introduce «nuevos chivos expiatorios» como el exceso de obras y el clima, mientras ignora advertencias sindicales y problemas crónicos de coordinación. El verdadero culpable no es el cielo, sino la corrupción y la negligencia en el Ministerio, con escándalos como el Caso Koldo que salpican a exministros y directivos de ADIF, donde contratos dudosos han priorizado el clientelismo sobre la seguridad.
Incertidumbre en la línea Madrid-Andalucía
A pesar de la presión de los usuarios y las comunidades afectadas, el Ministerio no ha aclarado cuándo se restablecerá el servicio habitual entre Madrid y Andalucía. Los retrasos y cancelaciones continúan afectando a miles de pasajeros, mientras las labores de reparación en los tramos dañados avanzan sin un cronograma definitivo.
La línea cortada desde el 18 de enero por el descarrilamiento en Adamuz. Inicialmente Puente prometió reabrirla el 2 de febrero, luego el 7, pero ahora alega que «es imposible predecirlo» por el clima. Esta indefinición es un insulto a los andaluces y madrileños afectados, que ven cómo su conectividad se sacrifica en el altar de la ineficacia gubernamental. Mientras, el PP, Vox y Junts exigen su dimisión, acusándolo de mentir sobre materiales y no aumentar inspecciones tras la liberalización. Puente responde con ataques, culpando a la oposición de «difundir bulos», pero los hechos hablan: Renfe ha transportado solo 40.000 personas con planes alternativos, un parche insuficiente.
Este doble estándar es inaceptable: cuando gobernaban otros, el PSOE clamaba por dimisiones; ahora, se escudan en el clima. Es hora de un debate serio sobre prioridades: ¿seguridad o propaganda?
