La financiación a terroristas con fondos públicos se ha convertido en una de las mayores amenazas a la seguridad nacional en Europa. Mientras un informe confidencial destapa que el Reino Unido entregó presuntamente 28.000 millones de libras a terroristas, Estados hostiles y crimen organizado, en España el Gobierno de Pedro Sánchez continúa repartiendo millones sin control aparente a entidades con conexiones alarmantes. Este escándalo no solo indigna por el despilfarro, sino porque pone en riesgo la vida de los ciudadanos. Es hora de confrontar esta realidad con dureza: las políticas de izquierda facilitan, de forma directa o indirecta, el
apoyo al yihadismo.
El escándalo británico: 28.000 millones a enemigos del Occidente
Un estudio revelado por The Telegraph, encargado en 2023 por la Oficina del Gabinete del anterior Ejecutivo conservador, expone una filtración devastadora. Entre 2015 y 2021, 28.000 millones de libras de dinero público británico acabaron presuntamente en manos de terroristas, bandas organizadas y regímenes hostiles.
Según fuentes del informe, se desviaron ayudas extranjeras, préstamos por la pandemia de Covid y otras subvenciones. «Dinero a personas que nos odian», denuncian voces críticas. Préstamos Covid llegaron supuestamente a militantes del Estado Islámico, empresas ligadas a Rusia recibirían fondos y traficantes de personas cobraron beneficios sociales.
Este caso demuestra la incompetencia de los gobiernos progresistas y conservadores tibios a la hora de controlar el gasto público. El Ejecutivo anterior enterró presuntamente el dossier para evitar vergüenza política, pero la verdad sale a la luz. En Reino Unido, como en España, la falta de controles férreos permite que el contribuyente financie a sus enemigos. Reform UK y analistas exigen responsabilidades inmediatas.
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Sánchez y las ONGs con presuntos lazos a Al-Qaeda
En paralelo, en España, el Gobierno socialista parece ser que se sospecha que financiaría directamente a una ONG islámica cuyo líder, Mohamad Aidman Adbli, presidente de la Comisión Islámica de España, habría estado investigado por colaborar con Al-Qaeda. Según el auto de la Audiencia Nacional, «está directamente probada la financiación» por parte de Adbli a entidades vinculadas al terrorismo sirio.
El Ejecutivo de Sánchez entregaría presuntamente casi dos millones de euros a esta organización. Esta posible financiación al terrorismo con fondos públicos no sería otro error aislado, sino un patrón. Mientras se multiplican las detenciones por terrorismo islamista en nuestro país, el Gobierno parece seguir repartiendo subvenciones sin transparencia.
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El caso Hamás: 50 millones bajo sospecha israelí
Israel investiga si parte de los 50 millones de euros enviados por Sánchez a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) acabarían en manos de Hamás. La inteligencia israelí sospecha desvíos a terroristas a través de estos fondos.
Este no es un incidente menor. Hamás utiliza ayudas internacionales para armarse y atacar a civiles. La presunta financiación al terrorismo con fondos públicos española genera un debate urgente: ¿por qué el Gobierno priorizaría alianzas con regímenes y entidades problemáticas en lugar de proteger a España y a sus aliados?
Expertos en seguridad advierten que sin controles estrictos, estas políticas fortalecen al yihadismo global. En España, el aumento de detenciones por terrorismo contrasta con la generosidad del Ejecutivo hacia colectivos que, en muchos casos, no integran valores occidentales. Es una contradicción letal.
Urge un cambio radical: El dinero de todos no está para esto
El informe británico de 28.000 millones de libras a terroristas y hostiles, unido a los casos españoles de la ONG de Adbli y los fondos a Palestina bajo sospecha de Hamás, revelan un problema sistémico. Las izquierdas europeas, con Sánchez al frente, priorizan ideología sobre seguridad. «Es inaceptable que el dinero de los españoles financie a quienes quieren destruir nuestra forma de vida», como alertan fuentes de inteligencia.
La presunta financiación al terrorismo con fondos públicos debe terminar ya. Este escándalo exige debate abierto y acción. La izquierda globalista sigue fallando; es momento de priorizar la soberanía y la protección real.
