La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha corregido al juez de Instrucción número 4 y ha ordenado reabrir la investigación contra José María Ángel Batalla, excomisionado del Gobierno de Pedro Sánchez para la reconstrucción tras la DANA. El magistrado, marido de la juez que instruye la causa principal de la catástrofe, había decretado el sobreseimiento libre al considerar los hechos prescritos. Ahora, la Audiencia obliga a continuar las pesquisas por presunta falsedad documental.
La decisión judicial que desautoriza al instructor
La Audiencia Provincial ha estimado los recursos presentados por la Fiscalía, la Diputación de Valencia y Manos Limpias, dejando sin efecto el sobreseimiento dictado por el juez Jorge Martínez Ribera. Los tres magistrados de la Sección Tercera —Carmen Melero Villacañas-Lagranja, Lamberto Rodríguez Martínez y Jesús Rojo Olalla— han ordenado el inicio de la instrucción sobre la presunta falsificación de un título de Diplomado en Archivística y Biblioteconomía fechado en 1983.
“Los hechos denunciados no pueden archivarse sin investigar”, señala en esencia el auto, que corrige al instructor al entender que procede practicar diligencias pese al tiempo transcurrido. Esta decisión representa un duro revés para el juez Martínez Ribera, esposo de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja y encargada de la causa DANA. Manos Limpias, que ya había recurrido el archivo, celebra el giro judicial.
El currículo fake que aupó a un alto cargo socialista
José María Ángel Batalla accedió en los años 80 a una plaza de funcionario en la Diputación de Valencia gracias, presuntamente, a un título falso de la Universitat de València que ni siquiera existía en esa fecha. La Agencia Valenciana Antifraude concluyó en su informe que “el título universitario que consta en su expediente personal como funcionario de la Diputación de Valencia presumiblemente es falso”. El político socialista, que llegó a ser alcalde de l’Eliana durante cinco legislaturas y presidente del PSPV-PSOE, dimitió en julio de 2025 como comisionado especial para la DANA tras estallar el escándalo.
El caso pone en evidencia cómo ciertos cargos del PSOE escalaron en la Administración con credenciales dudosas mientras gestionaban fondos públicos millonarios para la catástrofe valenciana. La izquierda, que tanto predica transparencia y meritocracia, vuelve a quedar retratada por otro caso de presunta corrupción académica.
Un escándalo que cuestiona la gestión de la DANA
Este nuevo capítulo judicial refuerza las críticas a la gestión del Gobierno de Sánchez en la tragedia de la DANA. Nombrar a un comisionado con un currículo presuntamente inflado para coordinar la reconstrucción de una de las mayores catástrofes de la historia reciente de España resulta, cuanto menos, irresponsable. Mientras familias valencianas siguen esperando ayuda real, el PSOE colocaba al frente a un dirigente salpicado por irregularidades en su expediente académico.
La Audiencia, al obligar a investigar, da un paso hacia la claridad que la izquierda tanto esquiva. No se trata solo de un título falso de hace cuarenta años: se trata de la credibilidad de toda una forma de gobernar basada en el amiguismo y la impunidad.
