En una resolución fechada el pasado 11 de junio, el magistrado Antonio Viejo, titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha autorizado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a solicitar información detallada sobre las cuentas bancarias de Alberto González Amador, (conocido por ser «el novio de Ayuso»), y de las personas y sociedades vinculadas a él.
La medida abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y la actualidad, y afecta a un total de 16 entidades financieras. El objetivo declarado por el juez es construir un catálogo patrimonial real que permita determinar si se ha producido un incremento desproporcionado de bienes y si ese posible crecimiento guarda relación con los hechos que se investigan.
Esta decisión llega después de que la defensa presentara un recurso que fue desestimado por la Audiencia Provincial de Madrid el 9 de abril de este mismo año. La solicitud de la UCO databa de diciembre de 2025 y, aunque también pedía acceso a datos fiscales y de la Seguridad Social, el magistrado ha priorizado por ahora la información bancaria, dejando abierta la posibilidad de ampliarla más adelante.
Los hechos que motivan la pieza separada por presunta corrupción en los negocios con el grupo Quirón
Las diligencias principales giran en torno a una pieza separada en la que se investiga un presunto delito de corrupción en los negocios relacionado con las operaciones de González Amador con el grupo Quirón, uno de los principales conglomerados sanitarios del país. Según las pesquisas, el investigado habría actuado como intermediario en una operación de compra de mascarillas en la que intervino Fernando Camino, entonces alto cargo de Quirón Prevención. Por esa intermediación, González Amador habría percibido una comisión de dos millones de euros.
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En diciembre de 2020, el mismo investigado adquirió un negocio de estética en León a Gloria Carrasco, farmacéutica y esposa de Fernando Camino, por un importe de 500.000 euros. Las pesquisas señalan que la sociedad transmitida carecía prácticamente de valor contable en ese momento. Los investigadores consideran que esta operación podría constituir una contraprestación o comisión vinculada a los contratos o favores relacionados con el grupo Quirón. Gloria Carrasco figura también como investigada en este procedimiento, mientras que Fernando Camino, aunque aparece como principal pagador en algunas operaciones, no ha sido imputado hasta la fecha.
La UCO fue designada para llevar adelante las pesquisas en junio de 2025 por la complejidad y el carácter interprovincial del asunto. El caso se enmarca en un contexto más amplio de relaciones comerciales que, según los investigadores, se remontan al menos a 2014, fecha que coincide con el inicio de las relaciones personales entre González Amador e Isabel Díaz Ayuso y que los agentes han elegido como punto de partida para reconstruir la evolución patrimonial.
El alcance concreto de la autorización judicial y su justificaciónLa orden del juez Viejo obliga a las 16 entidades bancarias a facilitar todos los movimientos, saldos y titularidades de las cuentas, tanto personales como de las sociedades vinculadas a González Amador. El magistrado subraya en su resolución la necesidad de “vislumbrar si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida” y si ese eventual incremento tiene conexión con los hechos objeto de investigación. Esta medida se considera especialmente relevante en delitos de corrupción o enriquecimiento ilícito, donde el seguimiento del rastro del dinero resulta esencial para esclarecer el origen de los bienes.La resolución describe expresamente la petición como una medida “invasiva de la privacidad”, pero la considera proporcionada y necesaria para avanzar en la instrucción. La defensa de González Amador ya agotó la vía del recurso ante la Audiencia Provincial sin éxito, por lo que la orden es firme y las entidades bancarias deberán cumplirla en los plazos establecidos.
Además de las cuentas bancarias, la UCO había solicitado inicialmente información fiscal y laboral de la Seguridad Social.
Aunque el juez ha limitado por ahora la autorización a los datos bancarios, la resolución deja la puerta abierta a que, una vez analizada esta información, se pueda extender el examen a los otros ámbitos si se considera procedente.
El procedimiento paralelo por presunto fraude fiscal y el contexto político que rodea el caso
Paralelamente a esta pieza separada, González Amador afronta un juicio por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros en un procedimiento distinto. Ambos asuntos han generado un notable interés mediático y político por la condición de compañero sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La oposición, actuando como acusación popular, ha impulsado activamente estas investigaciones. El nuevo paso autorizado por el juez añade un elemento más a un expediente que ya incluye múltiples líneas de investigación y que, según algunas fuentes procesales, podría no resolverse antes de las próximas elecciones autonómicas previstas para 2027.
Este desarrollo judicial mantiene el foco en los asuntos personales y empresariales de González Amador en un momento en el que Isabel Díaz Ayuso se prepara para un nuevo ciclo electoral. La posibilidad de que las pesquisas sigan avanzando y generen nuevos titulares podría suponer un factor adicional de desgaste para su imagen pública, en un escenario donde cualquier vinculación con asuntos judiciales perjudica a la imagen propia. La presidenta madrileña se enfrenta así a la perspectiva de que este tipo de noticias sigan condicionando el debate público durante los próximos meses, justo cuando comienza a perfilarse la campaña de cara a 2027.
La instrucción continúa abierta y la UCO deberá ahora procesar la voluminosa información que reciba de las entidades financieras para determinar si existe o no relación entre el patrimonio investigado y los hechos presuntamente delictivos. Por el momento, se trata de diligencias en fase de investigación, sin que exista condena ni pronunciamiento judicial firme sobre la culpabilidad de ninguna de las personas implicadas.
