En un Congreso dividido y con maniobras de última hora, el Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado aprobar la Ley de Movilidad Sostenible, una norma que, bajo el pretexto de la «sostenibilidad», impone restricciones al uso del vehículo privado y prioriza agendas verdes radicales por encima de las necesidades reales de los españoles. Mientras el Ejecutivo celebra este «hito» como un avance hacia un transporte «limpio y eficiente», partidos como el PP, Vox y UPN han plantado cara, denunciando su carácter ideológico y su desconexión con la ciudadanía. ¿Por qué se opusieron? Porque esta ley no gobierna para la gente, sino que dicta cómo deben vivir, moviéndose al ritmo de Bruselas y sus fondos europeos, sin consenso ni alternativas viables.
La norma, aprobada con 174 votos a favor, 170 en contra y 4 abstenciones (de Podemos, tras un pacto in extremis que incluyó cesiones en infraestructuras como el aeropuerto de El Prat), establece medidas como la obligación de planes de movilidad en municipios de más de 20.000 habitantes, la reducción de vuelos cortos donde haya tren alternativo, el fomento del ferrocarril electrificado y obligaciones para empresas con más de 200 empleados de promover el transporte público o el teletrabajo. Suena bien en papel, pero en la práctica, es un asalto al coche privado, especialmente en zonas rurales y para familias trabajadoras que no pueden permitirse vehículos eléctricos caros. Además, abre la puerta a nuevos cánones y peajes que recaerán en el bolsillo del contribuyente, todo para desbloquear 10.000 millones de euros de fondos UE.
La ley de movilidad sostenible tiene como principales objetivos y medidas:
Movilidad como Derecho y Planificación
- Derecho Social: Reconoce la movilidad como un derecho social que debe ser inclusivo y universal, priorizando las necesidades cotidianas de la ciudadanía.
- Planes de Movilidad: Obliga a los municipios de más de 20.000 habitantes a contar con Planes de Movilidad Sostenible en un plazo de un año (dos años para los de 20.000 a 50.000 habitantes), con medidas para la reducción de emisiones y el fomento de medios limpios.
- Financiación del Transporte Público: Establece un marco para garantizar una financiación estable y suficiente del transporte público.
Impulso a Medios Sostenibles y Restricción a Contaminantes
- Reducción de Vuelos Cortos: El Gobierno impulsará la reducción de vuelos domésticos en aquellas rutas donde exista una alternativa ferroviaria de menos de 2 horas y media de duración, salvo para conexiones con rutas internacionales.
- Fomento del Ferrocarril: Se promueve el transporte de mercancías por ferrocarril (sustituyendo al camión) y se impulsa la recuperación de trenes nocturnos y conexiones ferroviarias con otros países de la Unión Europea. También se exige la electrificación total de los trenes.
- Etiquetas Ambientales (DGT): Se establece la revisión del sistema de distintivos ambientales (etiquetas DGT) en el plazo de un año, incorporando las emisiones reales de como criterio adicional para una clasificación más justa.
- Movilidad Activa y Eléctrica: Se refuerza la prioridad a la movilidad activa (caminar, bicicleta) y se impulsa el desarrollo de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos.
Obligaciones para las Empresas
- Planes de Movilidad al Trabajo: Las empresas con más de 200 empleados por centro de trabajo (o 500 en ciudades de más de 500.000 habitantes) deberán elaborar Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo.
- Medidas Empresariales: Estos planes deben incluir medidas concretas para promover el transporte público, la movilidad activa (bici, patinete), el coche compartido, el teletrabajo o el escalonamiento de horarios para reducir la movilidad en horas punta.
Digitalización y Transparencia 💻
- Sistema de Información: Se crea un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible para recopilar, analizar y hacer accesibles datos de movilidad a administraciones y, en parte, al sector privado, buscando fomentar nuevos servicios.
- Transparencia: Se introducen mecanismos para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones sobre infraestructuras.
La ley es considerada clave para modernizar el sistema de transporte en línea con los objetivos climáticos europeos y es imprescindible para desbloquear cerca de 10.000 millones de euros de los fondos de recuperación de la Unión Europea. Tras la aprobación en el Congreso, el texto continúa su tramitación en el Senado.
El PP, principal fuerza opositora, rechazó la ley por su «enfoque ideológico» y su «ataque al coche privado». Como argumentó su portavoz, esta norma «castiga el uso del vehículo privado y se centra excesivamente en la restricción en lugar de en soluciones consensuadas», sin ofrecer alternativas reales para la movilidad cotidiana. «El Gobierno no ha intentado llegar a un acuerdo con el grupo mayoritario de la Cámara», criticaron, acusando al Ejecutivo de «mercadear con enmiendas» para comprar votos de minoritarios como Podemos. Fuentes como El Mundo recogen estas declaraciones, destacando cómo el pacto de última hora con Podemos –que incluyó frenar la ampliación de El Prat– fue visto como una «capitulación» que debilita al Gobierno.
Vox, por su parte, fue aún más contundente, calificando la ley de «perjudicial para los pudientes» –es decir, para quienes no pueden comprar un coche eléctrico–. En un debate parlamentario, su portavoz Pepa Millán afirmó: «La Ley de Movilidad Sostenible niega la movilidad a los que no se puedan permitir comprar un coche eléctrico. Hace tiempo que el bipartidismo asume con entusiasmo la Agenda 2030 y el Pacto Verde». Esta crítica se alinea con su oposición al «ambientalismo radical» que paraliza proyectos económicos clave, como la ampliación de aeropuertos, solo para complacer a la izquierda extrema. En redes, el Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso reiteró: «Mientras siguen criminalizando el coche privado, recortan líneas de autobús, suprimen vuelos cortos, el cercanías no funciona, el metro se colapsa todos los días y dejan a miles de ciudadanos tirados».
UPN se sumó al rechazo, alineándose con las críticas al «anticoche» y a la falta de viabilidad en plazos para municipios pequeños. La oposición unida denuncia que esta ley es «dogmática y punitiva», tramitada sin consenso y enfocada en restricciones que ignoran la realidad de millones de españoles que dependen del coche para trabajar o desplazarse. Como bien apunta un análisis en ABC, la ausencia accidental de un diputado del PP facilitó su aprobación, pero no cambia el fondo: es una imposición ideológica que prioriza la Agenda 2030 sobre la libertad individual.
Este rechazo no es caprichoso; refleja un debate profundo sobre quién manda en España: ¿el ciudadano o una élite progresista aliada con Bruselas? Mientras el Gobierno impone «ciudades compactas» –eufemismo para limitar movimientos a pie o en transporte público–, ignora que la mayoría de españoles no quiere renunciar a su libertad de movimiento por dogmas ecológicos que solo benefician a grandes corporaciones y fondos europeos.
En contraste, defensores como Greenpeace celebran la ley como fin a «tres años de tramitación», pero esto solo resalta el sesgo: una visión urbana y elitista que olvida el campo y la clase media. El Gobierno no gobierna por lo que quiere la gente –encuestas muestran rechazo a restricciones vehiculares–, sino que impone su visión, chantajeado por minoritarios como Podemos, que condicionó su abstención a frenar infraestructuras vitales para la economía.
