En un panorama político cada vez más inestable, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez confirma una vez más su debilidad estructural. El Gobierno tiene miedo a presentar los presupuestos, como bien apunta el titular que nos ocupa, pero este temor no es casual: es el síntoma de un régimen dependiente de alianzas tóxicas con separatistas y de maniobras demoscópicas dudosas para mantener el control. Mientras el plazo constitucional para remitir los Presupuestos Generales del Estado a las Cortes se incumple por tercer año consecutivo, las negociaciones con Junts per Catalunya revelan la fragilidad de un poder que depende de votos clave. ¿Es este el liderazgo que España merece, o estamos ante un Ejecutivo rehén de sus propios pactos Frankenstein?
Analicemos los hechos con rigor. Según informes recientes, el Gobierno ha admitido que es «poco probable» cumplir con el plazo para presentar los presupuestos, arriesgándose a una nueva prórroga que perpetúa la incertidumbre económica. Esta dilación no es un mero retraso administrativo; es una confesión de impotencia. En Cataluña, Junts negocia condiciones, e incluyen amenazas directas contra la llamada «Ley Bolaños» –una referencia a las reformas judiciales impulsadas por el ministro Félix Bolaños, que los independentistas ven como un obstáculo para sus ambiciones–. Fuentes consultadas indican que no dudan en presionar para «cargarse» dicha ley, utilizando el presupuesto como moneda de cambio.
Pero el descuadre va más allá. Hay un agujero presupuestario que surge de la renovación de partidas anteriores con gastos inflados. Este desajuste financiero, agravado por la inflación y el ciclo económico, obliga al Gobierno a maniobrar en la sombra para evitar un escrutinio público que podría desmontar su narrativa de estabilidad. En paralelo, el rechazo en el Congreso a la senda de déficit –con Junts aliándose a PP y Vox– obliga al Ejecutivo a replantear su estrategia en un mes, un golpe que evidencia la falta de mayoría sólida. ¿Por qué no presentan los presupuestos? Porque saben que el escrutinio revelaría un modelo insostenible, basado en concesiones a minorías radicales que priorizan sus agendas locales sobre el interés nacional.
En este contexto, surge la figura de Iván Redondo, el exgurú de Moncloa, cuya empresa Opina360 publica encuestas que muchos tildan de «fake», peores incluso que las del CIS bajo Tezanos. «Bolaños ‘se pone’ con la encuesta fake de Iván Redondo y le bajan los humos: ‘pues convocad elecciones'», reza un análisis que cuestiona la validez de estos sondeos, diseñados para infundir miedo y movilizar a las bases socialistas.. Estas maniobras demoscópicas no son inocuas: buscan crear un clima de pánico entre los suyos, sugiriendo victorias ilusorias para Sánchez en un momento de debilidad real.
Este enfoque sensacionalista de Redondo, peor que el CIS, no hace sino agravar el debate ideológico: ¿hasta cuándo toleraremos un Gobierno que recurre a la manipulación para ocultar su parálisis? Desde una perspectiva conservadora, es imperativo cuestionar si estas tácticas no erosionan la democracia misma. Frente a un Ejecutivo que prioriza la supervivencia sobre la gobernabilidad, urge un debate nacional sobre alternativas: un retorno a políticas centradas en la unidad territorial y la responsabilidad fiscal, lejos de las cesiones a separatistas. El miedo del Gobierno no es a los números, sino a la verdad que estos revelan: un fracaso en la gestión que pone en jaque el futuro de España.
