En un movimiento que desprende desesperación autoritaria, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación. Esta norma, presentada como una herramienta contra «bulos» y «desinformación», parece diseñada para amordazar a los medios críticos y a los influencers que cuestionan el relato oficial. Extiende su control a redes sociales y plataformas digitales. ¿Es una actualización necesaria o un golpe a la democracia? Analicemos los hechos y abramos el debate: esta ley no defiende la verdad, sino que la moldea al gusto del PSOE y sus aliados.
Desde el Consejo de Ministros, el ministro Félix Bolaños ha justificado la propuesta como una adaptación al «nuevo ecosistema mediático». Argumenta que permite rectificar «injerencias, desinformaciones, falsedades, inexactitudes y mentiras». Pero surge una pregunta clave: ¿quién decide qué es mentira? El Gobierno obliga a medios e influencers con más de 100.000 seguidores a publicar rectificaciones que incluyen no solo hechos, sino opiniones y juicios de valor del afectado.
Como señala Leopoldo Abad, profesor de Derecho Constitucional, «esta teoría del Gobierno de los bulos es mentira. Si tú crees que lo que están diciendo los medios es mentira ya hay mecanismos legales, como el Código Penal o el Código Civil, que los utilicen». Esta obligación no es neutral: obliga a los medios a autocensurarse por temor a litigios constantes, lo que atenta contra el derecho a la información.
Veamos las fuentes oficiales. La Moncloa describe la ley como un avance para «garantizar la información veraz», permitiendo a cualquier ciudadano rectificar falsedades en medios o influencers. Suena positivo, pero ¿por qué bajar el umbral a 100.000 seguidores? Porque apunta a «usuarios de especial relevancia» que critican al poder, como denuncian influencers conservadores que lo ven como un «intento de censura».
ABC lo explica con claridad: el Gobierno quiere obligar a incluir «opiniones y valoraciones» en las rectificaciones, equiparando a periodistas con agitadores digitales, pero siendo más estricto con los primeros.
El debate arde en las redes. Usuarios como @herqles_es advierten: «Sánchez anuncia su propio proyecto de censura para rrss y medios críticos al margen del que también prepara la UE». Otro post de @progrestonnn califica a Sánchez de «dictador en su máximo esplendor» por modificar la ley para cortar financiación a «pseudomedios».
Incluso desde la oposición, Pablo Cambronero denuncia que el Gobierno se preocupa por la repercusión de las RRSS sobre los medios tradicionales, subvencionados con 125 millones de euros públicos. OkDiario advierte que esta norma obliga a publicar rectificaciones con «opiniones» para acallar a la prensa crítica.
Por otro lado, voces como Newtral minimizan el impacto, alegando que mantiene plazos de publicación de tres días. Sin embargo, la evidencia es contundente: esta ley debilita la calidad democrática, como indica David Delgado de la UNED. ¿Por qué no usar mecanismos existentes? Porque el fin es controlar el relato, no combatir mentiras. Invitamos al debate: ¿aceptaremos esta mordaza o defenderemos la libertad de expresión?
