El Gobierno plantea un incremento significativo en el recibo de la luz. Lo que se presenta como un «ajuste necesario» se traduce en un golpe directo al bolsillo de los ciudadanos, elevando los costes fijos independientemente del consumo. Esta medida, que afecta a millones, revela las fisuras en unas políticas energéticas marcadas por el intervencionismo estatal.
El detalle de la propuesta: subidas que superan el 10%
Según fuentes oficiales, el Ministerio para la Transición Ecológica propone elevar los cargos del sistema eléctrico en un 10,5% para 2026. Esta parte fija del recibo, que incluye peajes y cargos regulados, se encarecerá de manera notable.
Estos aumentos no dependen del uso de la electricidad, lo que los convierte en un impuesto encubierto que afecta especialmente a familias con bajos consumos, como pensionistas o hogares modestos.
El contexto económico: ¿progresismo o regresividad?
Desde la llegada al poder de este Ejecutivo, las facturas eléctricas han sufrido vaivenes constantes. Con la recuperación del IVA al 21% y el fin de medidas temporales post-crisis, los españoles ya enfrentamos presiones.
¿Es esto sostenible? Los defensores argumentan que fomenta la transición ecológica, pero lo que es realidad se ve es un modelo ideológico que prioriza subvenciones a renovables sobre la competitividad. Mientras las grandes eléctricas mantienen beneficios, el ciudadano asume el coste.
Por un lado, el Gobierno prevé una bajada general de la factura entre un 4% y un 10% en 2026, gracias a menores precios de la energía, pese a la subida de la parte regulada del recibo atribuyéndolo a la caída en el mercado mayorista.
En contraste, nosotros cuestionamos este optimismo. ¿Por qué no liberalizar más el sector para fomentar competencia? Habrán hogares y pymes que verán bajadas moderadas, pero el término fijo sube. Esto perpetúa un sistema donde el Estado interviene, en vez de dejar que el mercado reduzca precios. ¿priorizar la agenda verde o la asequibilidad inmediata?
Estas políticas, obsesionadas con la transición verde, lo que están haciendo es socavar aún más la economía familiar. Es momento de replantear: menos cargas estatales y más libertad de mercado para una energía asequible.
