En el corazón de la Operación Drake se esconde uno de los escándalos más turbios del sector de los hidrocarburos en España. Alejandro Hamlyn, principal implicado en un presunto fraude millonario, cumple un año fugado en Dubái, pero su empresa Hafesa sigue activa gracias a licencias mantenidas por el Gobierno. Este caso no solo cuestiona la eficacia de la Justicia, sino que pone de manifiesto las supuestas protecciones y tratos de favor que benefician a ciertos empresarios vinculados a tramas de corrupción.
“Llama la atención que siga”, se lee en documentos internos de investigaciones que señalan a Hafesa como pieza clave en redes de fraude de IVA. Mientras Hamlyn permanece fuera del alcance de la justicia, su petrolera continúa operando, generando interrogantes sobre la verdadera voluntad política de perseguir estos delitos.
Quién es Alejandro Hamlyn
Alejandro Hamlyn López-Tapia es un empresario vasco del sector petrolero, propietario y presidente de Hafesa Energía, grupo destacado en el comercio de hidrocarburos. Familiar de un conocido naviero, Hamlyn ha sido señalado como figura central en operaciones de gran volumen en el mercado de combustibles. Su nombre saltó a la actualidad por su implicación en la Operación Drake y por presuntos contactos con emisarios del PSOE mientras se encontraba ya en Dubái.
Hamlyn se habría reunido con representantes socialistas ofreciendo información a cambio de mejoras en su situación judicial, según audios y documentos de las investigaciones. En esas conversaciones mencionó nombres como el de Andoni Ortuzar, expresidente del PNV, y mostró presuntos vínculos en el entramado de hidrocarburos que incluyen referencias a Víctor de Aldama y entornos relacionados con José Luis Rodríguez Zapatero. Su huida a Emiratos Árabes Unidos lo ha convertido en un prófugo que, pese a todo, mantiene el control indirecto sobre una empresa operativa en España.
Este perfil ilustra cómo ciertos empresarios del sector energético han logrado tejer redes políticas que, según las pesquisas, les han proporcionado tratos de favor incluso en plena investigación por fraude.
En qué consistió la Operación Drake
La Operación Drake fue una investigación clave contra el fraude masivo de IVA en el comercio de hidrocarburos. Desmantelada en abril de 2019, destapó un esquema en el que empresas supuestamente utilizaban el impago del IVA como margen comercial para vender combustible por debajo de los precios de mercado. Hafesa Energía, bajo el liderazgo de Alejandro Hamlyn, se situó en el centro de estas operaciones.
Según las pesquisas, el fraude atribuido ascendió a 154 millones de euros entre 2016 y 2019. La trama involucraba una red de sociedades instrumentales que permitía defraudar el impuesto y blanquear beneficios. Hamlyn y su socio José Norberto Uzal enfrentaron imputaciones por delitos contra la Hacienda pública y organización criminal. Documentos incautados describían a Hafesa como “proveedor y quien posee la red comercial”, de la que colgaban decenas de empresas.
Esta operación no quedó aislada. Se conecta con otros casos como el ‘caso Gaslow’, donde el juez Santiago Pedraz propone juzgar a Claudio Rivas —socio de Víctor de Aldama— por un fraude adicional de 148 millones de euros en IVA de hidrocarburos entre 2018 y 2021. Estos hechos evidenciarían un patrón sistémico en el sector energético que perjudica gravemente las arcas públicas y la competencia leal.
Sus vínculos con Zapatero, Aldama y Leire Díez
Los lazos de Hamlyn con figuras del PSOE han sido objeto de especial atención en las investigaciones. El empresario presuntamente mantuvo contactos directos con Leire Díez, conocida como “la fontanera” del partido, y otros emisarios socialistas. En audios grabados, Hamlyn ofrecería información comprometedora a cambio de supuestas garantías para resolver su situación judicial derivada de la Operación Drake.
Estos encuentros revelan supuestas conexiones más amplias. Hamlyn mencionó vínculos de Víctor de Aldama —socio en tramas de hidrocarburos— con entornos de José Luis Rodríguez Zapatero, incluyendo referencias a operaciones en Venezuela y empresas mixtas en Ginebra. “Yo sé cuál es la empresa de Delcy con Aldama que está en Ginebra”, se le escucha afirmar en conversaciones filtradas, según reportes que vinculan estos nombres al sector energético.
“Tienes alguna vinculación con Venezuela, ¿no?”, le preguntaron, a lo que Hamlyn respondió detallando su rol como trader y conocimiento de redes internacionales. Estos vínculos plantean serias preguntas sobre la influencia de redes políticas en el sector de los hidrocarburos y cómo estas conexiones podrían haber facilitado tratos de favor o intentos de interferencia en investigaciones judiciales.
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El fugitivo con licencia oficial: un año en Dubái sin consecuencias
Alejandro Hamlyn cumple un año fugado de la Justicia española en Dubái. La Audiencia Nacional emitió una orden europea de búsqueda y detención en junio de 2025 tras no presentarse a comparecer. Sin embargo, su empresa Hafesa Energía mantiene las licencias necesarias para operar en el mercado de fuel, avaladas por los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, y registrada en la CNMC.
La petrolera sigue activa pese a la condena por fraude de hidrocarburos. Esto ocurre a pesar de que Hamlyn fue imputado en la Operación Drake por un presunto fraude de IVA de 154 millones de euros entre 2016 y 2019. Hacienda incluso ha embargado 152 millones, pero no ha suspendido las autorizaciones operativas. Este contraste genera un debate profundo sobre la aplicación desigual de la ley: ¿por qué un prófugo mantiene un negocio millonario bajo el paraguas estatal?
Documentos de las investigaciones revelan que Hafesa era vista como “proveedor y red comercial” en tramas de fraude. “Hafesa es un elemento clave dentro de esta trama de hidrocarburos”, según anotaciones incautadas. Hamlyn, familiar de un naviero, y su socio José Norberto Uzal aparecen en el centro de estas operaciones.
El caso se complica con vínculos a figuras políticas. Hamlyn mencionó en reuniones con emisarios del PSOE el nombre de Andoni Ortuzar, expresidente del PNV. Además, se plantean conexiones con Víctor de Aldama, socio en contextos de hidrocarburos, y referencias a entornos de José Luis Rodríguez Zapatero en el sector energético. Estas relaciones alimentan la percepción de una red que trasciende lo meramente empresarial.
Trato de favor del PNV y aplazamiento millonario de impuestos
Hafesa fue beneficiada por el PNV a través de la Diputación de Vizcaya con el aplazamiento de 225 millones de euros en impuestos (IVA y especiales), pese a estar bajo investigación por defraudar precisamente el IVA. Este acuerdo se dio carpetazo hace un año, pero persisten dudas en los despachos sobre este trato excepcional.
“Siguen sin saber una respuesta convincente cuando se les pregunta por este trato de favor”, indican fuentes cercanas. Este aplazamiento, concedido mientras la empresa enfrentaba acusaciones de fraude, ilustra cómo administraciones regionales pueden intervenir en causas de interés nacional, protegiendo intereses que perjudican las arcas públicas.
En paralelo, el juez Santiago Pedraz ha propuesto juzgar al socio de Aldama, Claudio Rivas, por una segunda causa de fraude de hidrocarburos en el ‘caso Gaslow’, con 148 millones defraudados. Esto suma a otra propuesta anterior por más de 70 millones. Rivas enfrenta cargos por delitos contra Hacienda, organización criminal, falsedad y blanqueo.
Estos hechos evidencian un patrón en el sector: operadoras que supuestamente utilizan el impago de IVA como ventaja competitiva, bajando precios artificialmente y dañando al mercado legal.
¿Por qué el Supremo frena la extradición y la Justicia parece impotente?
La Audiencia Nacional ha impulsado la extradición de Hamlyn, pero el Tribunal Supremo ha limitado competencias en alguna causa relacionada (como presuntos sobornos a un policía). Hamlyn alega un “travel ban” en Dubái por una deuda menor, versión que las autoridades españolas consideran excusa.
Esta inacción judicial genera indignación. Mientras Hamlyn permanece en Dubái, la empresa continúa y otros imputados como Rivas avanzan hacia juicio. El tuit de Guillermo Rocafort destaca cómo supuestas “cloacas” facilitaron pasaportes o salidas, cuestionando el rol de la Policía y el Gobierno.
El debate de ideas es claro: frente a una izquierda que tolera estas redes para mantener poder e influencias, se necesita una Justicia independiente y una política que priorice el interés general sobre favores partidistas. El mantenimiento de licencias a una empresa condenada por fraude no es neutralidad; es un escándalo que erosiona la confianza en las instituciones.
Consecuencias de un sistema que protege a los prófugos
La Operación Drake Hamlyn revela fallos estructurales. Un empresario fugado opera su petrolera con amparo oficial, recibe aplazamientos millonarios y mantiene lazos con tramas políticas. Esto no solo defrauda al erario, sino que distorsiona la competencia y alimenta la corrupción en hidrocarburos.
