En un intento por revitalizar la imagen de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, el Gobierno de coalición PSOE-Sumar ha respaldado las demandas sindicales para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 7,5% en 2026. Esto llevaría el SMI a 1.273 euros brutos mensuales. Pero esta medida, presentada como un avance social, esconde un truco fiscal que beneficia al Estado a costa de trabajadores y empresas. Mientras el IPC oficial se sitúa alrededor del 3,5%, la inflación real en la cesta de la compra –manipulada por el Gobierno– erosiona el poder adquisitivo. Ahora, por primera vez, el SMI tributará en el IRPF, convirtiéndose en una nueva fuente de ingresos para Hacienda.
La propuesta sindical: una subida ambiciosa con condiciones
Los sindicatos CCOO y UGT han propuesto esta alza del 7,5%, argumentando que mantiene el SMI cerca del 60% del salario medio neto. «Queremos una subida que mantenga el salario mínimo cerca del 60% del salario medio», declararon desde CCOO. UGT y CCOO insisten en que esta elevación, de 89 euros mensuales, es esencial para la equidad. «Esta subida debe ser de 89€ al mes, lo que supone un 7.5% respecto a 2025», explican en sus comunicaciones oficiales. Sin embargo, esta narrativa ignora el impacto fiscal: la tributación del SMI erosiona el beneficio neto para los trabajadores y representa un incremento encubierto de impuestos.
El truco fiscal: más recaudación para el Estado
Hacienda ve en esta medida una oportunidad para recaudar más. Según informes, ya se han ingresado casi 10.000 millones de euros adicionales por IRPF en los primeros nueve meses de 2025, un 68% más que en 2017, debido a la ‘progresividad en frío’ –la no indexación de tramos fiscales a la inflación. Este enfoque convierte una supuesta mejora salarial en un mecanismo para financiar la agenda ideológica del Gobierno, sin ajustar exenciones fiscales que aliviarían la carga.
Impacto en las empresas: amenaza para pymes y empleo
Esta política intervencionista ahoga la iniciativa privada. La patronal CEOE ha criticado duramente la propuesta: «Es desorbitada, destruirá muchas pymes», afirmó un portavoz. Estudios de la AIReF alertan de que subidas acumuladas del SMI –un 61% desde 2018– impactan negativamente en el empleo, afectando al 7% de los trabajadores y reduciendo horas laborales. Una abogada laboralista lo resume: «Hay un efecto rebote de incremento de costes salariales», que pone en riesgo la destrucción de empleo en pymes. Incluso la Justicia europea cuestiona subidas automáticas, defendiendo la flexibilidad nacional.
Debate y alternativas: hacia una economía productiva
El debate se centra en si esta subida es un avance o un lastre. Fuentes como Fedea destacan que incrementos previos han tenido «un impacto muy significativo en el empleo durante los primeros 12 meses». El Partido Popular propone indexar el IRPF a la inflación para devolver renta a los ciudadanos. ¿Por qué no elevar el mínimo exento del IRPF en lugar de cargar más costes a las empresas? Esta alternativa preservaría el poder adquisitivo sin asfixiar al tejido productivo. Políticas como las de Díaz generan incertidumbre, pausando negociaciones colectivas. Es hora de priorizar productividad e inversión sobre impuestos disfrazados.
